Jorge Glas, la cárcel y la campaña de Noboa: el uso político del caos carcelario

Ninguna masacre penitenciaria en el Ecuador ha pasado tan inadvertida para el gobierno de turno como la de este domingo en la cárcel de Machala. 31 presos (“PPL”, dice el presidente Daniel Noboa, reproduciendo esa estúpida jerga administrativa correísta propia de quien trata con números, no con personas) fueron asesinados sin que la dirección de cárceles (ese engendro burocrático camuflado bajo las siglas SNAI) se preocupara siquiera por establecer la causa de sus muertes: “Entre ellos cometieron asfixia”, se limitó a decir el organismo, burdamente, en un comunicado público, haciendo ostensible su desprecio por esas vidas, como si no estuvieran bajo su custodia. 

(NO TE PIERDAS: Masacre en El Oro: autopsias revelan posible uso de sustancia para asfixiar a presos)

Porque la idea de 31 presos asfixiándose entre sí es impensable. O sea: es una burla. Uno se los imagina ahorcándose mutuamente de dos en dos hasta caer muertos todos, así de ridículo. Y sobre esa burla cruel ha edificado el gobierno su golpe maestro en la recta final de la campaña: la puesta en marcha de la “Cárcel del Encuentro”.

La cárcel del Encuentro y a campaña por el Sí

Nadie la ha visto (está prohibido) y no se sabe si es aun peor que La Roca, ese infierno diseñado para que los presos no vuelvan a ver la luz del sol, como ocurría en La Bastilla: uno creía que esas cosas ocurrían en el Antiguo Régimen, hace 250 años, y resulta que son aupadas por nuestras dizque democracias con el apoyo de buena parte de los súbditos en pleno siglo XXI. El caso es que la “Cárcel del Encuentro” ni siquiera está lista todavía pero al gobierno le entró el apuro, porque la consulta es este domingo.

La imagen de Jorge Glas ingresando en ella en medio de una cuadrilla de obreros que todavía no acaban de construirla, revela más sobre esta campaña y esta consulta popular que todas las buenas intenciones expresadas por el presidente de la República en todos sus discursos. La urgencia por poner en marcha, seis días antes de la consulta, este símbolo del nuevo sistema penitenciario nacional, inconcluso y todo, habla con claridad sobre las verdaderas motivaciones del proceso constituyente en el que Daniel Noboa pretende embarcar a la República.

Ya lo dejó claro el presidente en cuanta entrevista concedió durante las dos últimas semanas: la idea de que los presos son un grupo de atención prioritaria le parece aberrante, por más elemental que sea en el contexto del sistema internacional de derechos humanos. Atención prioritaria significa que los presos, por estar bajo custodia, del Estado, precisan de él para alimentarse, para cuidar su salud, para estar seguros. La masacre de Machala y la explicación sumaria del SNAI sobre la asfixia mutua de las víctimas viene a ratificar que nada de eso cuenta para el actual gobierno: que las vidas de los presos son desechables y que nadie piensa hacerse cargo de ellas. Y sobre esa monstruosidad se está edificando buena parte de la campaña por el Sí.

Lo admitió el exministro de Gobierno y más que probable asambleísta constituyente por el oficialismo José De La Gasca: el jueves de la semana pasada, en el teatro Sánchez Aguilar, de Guayaquil, en el marco del Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional y del Trabajo, dijo que la gran motivación del gobierno para convocar a una Asamblea Constituyente no era la reforma política, como cabría esperar y los demócratas del país aspiran, sino la reforma del sistema penal. Lo cual tampoco es una novedad: fue el obstáculo del control constitucional en el que se estrellaron las autoritarias leyes urgentes de Noboa, con su propuesta de crear espacios de impunidad para la operación de las fuerzas del orden y los servicios de Inteligencia, lo que hizo decidir al presidente Noboa para llamar a la consulta.

No hay, tras la convocatoria a consulta popular para abrir el camino a una Constituyente, una propuesta sobre un nuevo sistema político para organizar la República. La urgencia del gobierno tiene que ver con el sistema penal que quiere elevar a rango constitucional para evitar los controles de la Corte.

Lo demás (el traslado de Jorge Glas a la nueva “Cárcel del Encuentro”, la postulación de la exfiscal Diana Salazar, hoy embajadora del país en Argentina, para encabezar las listas de candidatos a la constituyente por la provincia de Pichincha) es recurso proselitista. 

La idea que fabrica el Gobierno

La campaña oficialista fabrica la idea de que la votación de este domingo se debe interpretar en la clave de la vieja disputa que ha dominado la política ecuatoriana en lo que va del siglo: correísmo vs. anticorreísmo. La postulación de Salazar, responsable del proceso judicial que terminó con la condena a los líderes correístas, y el traslado de Glas a una cárcel en la que permanecerá incomunicado, en abierta provocación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que demandó exactamente lo contrario, conforman un mensaje electoral redondo cuyas consecuencias el gobierno está dispuesto a asumir a cambio de votos.

En ese contexto, la masacre de los 31 presos de la cárcel de Machala, cuyos nombres, dice la periodista Karol Noroña, fueron vociferados ante sus deudos, sin guardar siquiera los mínimos protocolos de atención a las víctimas, son nada más que un pretexto para hacer campaña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!