Hasta el momento son cifras pequeñas las que ha recuperado el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), como parte de las obligaciones que estaban en mora con el seguro policial. El monto varía conforme pasan los días.

Primero fue una empresa que transfirió más de 300.000 dólares a las cuentas del Isspol. Luego se recibieron 344.706,50 dólares por concepto de facturas comerciales negociables, como parte de los fondos en recuperación de la institución policial. A partir de esas transacciones han existido acercamientos con varias entidades que mantienen obligaciones.

Una de ellas fue la UTE, que mantiene un fideicomiso con el seguro de los policías.

Las inversiones del Isspol, denunciadas en la administración de la exministra de Gobierno María Paula Romo como de riesgo, superan los 800 millones de dólares.

Inicialmente se veían como irrecuperables. Pero el nuevo director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, coronel Renato González, que asumió el cargo el pasado 20 de mayo, señala que en el tiempo que lleva al frente de la entidad ha conseguido que se inicien las transferencias.

Esos depósitos, sostiene, demuestran la predisposición de algunas empresas en ponerse al día en las obligaciones que tienen con el Isspol. De inmediato se realizaron las transferencias al sistema de salud policial. Al hospital de la institución en Quito le entregaron $ 4,3 millones, mientras que $ 1,58 millones fueron a la casa de salud en Guayaquil.

Para los próximos meses se ha planificado transferir ocho millones al hospital de Quito y cinco millones a Guayaquil.

Las empresas que adeudan al Isspol realizarán entre el lunes y el miércoles una ronda de propuestas de planes de pago en el Puerto Principal. Asistirá el equipo técnico de la entidad para recibir los ofrecimientos.

Pero ahí no terminan las intenciones de pago. Hoy, en la Mesa de Mediación de la Procuraduría hay una convocatoria de Jorge Chérrez de Ibcorp, a la que acudirá con su equipo de abogados para efectuar una propuesta inicial de pago.

Durante la administración de la exministra Romo se evidenciaron diversas irregularidades que se habrían registrado en las inversiones con parte de los 1.500 millones de dólares de los fondos de afiliados y pensionistas.

Según la información oficial, de 2013 a 2019 se habrían efectuado operaciones al margen de leyes y reglamentos.

Se mencionó que hubo una concentración de 700 millones de dólares en empresas de una sola persona, compra de bonos de deuda externa sin las respectivas autorizaciones, inversiones sin garantías reales, adquisición de bienes en precios altos, préstamos a empresas empleando figura de cesión de derechos fiduciarios, compra de facturas y obligaciones (deuda) a empresas con balances inflados, entre otras situaciones.

Las anomalías solo pudieron conocerse cuando hubo acceso a la información que permanecía restringida. La nueva administración del Isspol empezó a cortar procesos de ‘aparente reinversión’ que no producían pagos y empezó a exigir los cumplimientos. Pero no hubo respuestas sino a partir de mayo de este año. Por esas anomalías se presentaron 12 denuncias en la Fiscalía.

Los puntillazos

Responsables.

Inicialmente las investigaciones de la Fiscalía apuntan a cuatro sospechosos.

Vinculación.

La asistencia penal de Estados Unidos apuntó a otros seis involucrados.

Investigación.

En Estados Unidos el caso se investiga por posible lavado de activos.