La corrupción es apenas una de sus ‘manchas’. Tras doce años de dominar la industria del aseguramiento en el país, Seguros Sucre va camino a desaparecer y su espacio a ser ocupado por empresas privadas del sector.

En el decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso en el que dispone a la Corporación Financiera Nacional (CFN) la liquidación voluntaria de la aseguradora, se esgrime como causa para esta decisión la necesidad de “realizar una optimización institucional que responda a las demandas sociales y económicas”.

Sin embargo, de boca del mismo Lasso salió la razón de fondo para tomar esta decisión: “Seguros Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, de los últimos dos gobiernos, por eso no podemos continuar con una compañía en la que hay actos de corrupción”, señaló el mandatario en su primera aparición a través de las redes sociales, que será su modo de comunicarse con el país.

La razón generó un debate entre quienes consideran que efectivamente la empresa debe desaparecer desde la raíz y aquellos que ven que una reestructuración y cambio de cabezas era una opción más viable. El economista Alberto Acosta Burneo se ubica en el primer grupo. Considera que la empresa debe ser liquidada porque además ha tenido comportamientos monopólicos, y rechaza la postura de aquellos que dicen que Sucre ha sido una buena fuente de recursos para el Estado, aun con todos sus problemas.

“Claro que dejaba buenos dividendos. Había dinero hasta para que se lleven los corruptos en coimas. Si al propio Estado le cobraban tarifas por encima de los precios del mercado, porque no había competencia, era un monopolio, entonces el dinero salía de los propios ecuatorianos”, le dijo Acosta a EXPRESO.

Este Diario buscó la reacción de los directivos de Seguros Sucre. Se informó que se enteraron del decreto por los medios de comunicación y que quien debe pronunciarse es la CFN.

Según la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguridad (Fedeseg), Sucre pasó de tener una participación del 2 % en el mercado de los seguros en 2007 al 18 % en 2019. Esa cuota, sin embargo, ha ido bajando y a mayo de 2021 se ubica en el 14,1%.

Sus ganancias también han mermado en los últimos años, según el secretario de Fedeseg Patricio Salas, quien dio a conocer que en 2020 ya registró una pérdida de 8,7 millones de dólares y hasta mayo de este año acumula 15,8 millones en pérdidas. Esto contrasta con los años anteriores, especialmente entre 2009 y 2017, en los que la orden del entonces presidente Rafael Correa fue que todas las empresas públicas contraten con Sucre.

“El sector asegurador desde hace varios años atrás ha venido manifestando que la contratación pública de los seguros siempre deben hacerse bajo términos de libre competencia que le brindan transparencia a cualquier proceso”, manifestó Salas.

Para el abogado y exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición Xavier Zavala Egas, la medida anunciada por el presidente Lasso parecería desproporcionada, aunque reconoce que en la compañía se han dado actos de corrupción.

“Diría que la deben profesionalizar, depurar, que la limpien, la sometan a un proceso de reestructuración y la entreguen a un equipo capaz de manejar la aseguradora con transparencia. Si la razón es por la corrupción, la verdad es que algunas entidades del sector público tendrían que ser cerradas y ahí es que no veo un fundamento”, dijo Zavala.

A través de un comunicado, la CFN aseguró ayer que dará cumplimiento “de manera inmediata” a la disposición de liquidación emitida por el presidente, así como a la orden de que las entidades y empresas públicas empiecen a contratar los seguros a través de procesos públicos.

Los seguros tienen garantía

El sector petrolero y energético del Estado son de los clientes más importantes que acaparó Seguros Sucre en los últimos años.

¿Qué pasará con los contratos que están aún activos? Según el decreto presidencial se deberá respetar únicamente la vigencia de los contratos celebrados con anterioridad a la expedición del documento.

Patricio Salas, director de Fedeseg, dice que al tratarse de una liquidación voluntaria y no de una empresa en situación de quiebra, se entiende que tiene todos los recursos para poder hacer frente a las obligaciones adquiridas con sus asegurados.