Los hospitales públicos han sido durante mucho tiempo, y especialmente desde la llegada de la pandemia, un foco de corrupción difícil de controlar por las autoridades. ¿Pero cuánta fiscalización realmente puede existir cuando desde la matriz también se cometen irregularidades?

La Contraloría detectó en un reciente informe que durante los tres primeros meses de pandemia el Ministerio de Salud adquirió insumos médicos, dispositivos electrónicos y hasta pruebas rápidas para detectar la COVID-19 de proveedores que no cumplían con los requisitos solicitados, o cuyos productos nunca se ajustaron a las necesidades de la institución.

El perjuicio, además de monetario por la falta de cobro de multas por incumplimientos, fue que la cartera de Estado no pudo contar con los insumos suficientes para afrontar esta emergencia sanitaria que ha dejado más de 45.000 muertos por encima de lo normal.

El ente de control asegura por ejemplo que el 18 de mayo Salud firmó un contrato con Javier Andrade Lara (JRal Medical) por 50.000 dólares para la compra de 103 y 23 unidades de camillas básicas de transporte y electroencefalógrafo digital “sin evidencia documental que permita verificar que el proveedor contratado presentó la oferta más favorable a los intereses institucionales”.

Es decir, la propuesta no fue enviada a una comisión técnica, ni evaluada antes de la suscripción del contrato.

Javier Andrade Lara, quien según una pasada investigación de EXPRESO está estrechamente relacionado a Zoldan Corporeishon, empresa catalogada por la exministra María Paula Romo como “pieza clave” en las investigaciones por corrupción en hospitales, sostuvo que se enteró del proceso por una convocatoria pública y que desconocía que su oferta había sido asignada a dedo.

“En todos los procesos en los que participo, lo realizo en legal y debida forma, respetando siempre la normativa legal vigente”, señaló. Y agregó que a pesar de haber entregado lo requerido por el ministerio, el contrato no ha sido pagado.

Andrade y las representantes de Zoldan afrontan actualmente un juicio por delincuencia organizada por contratos relacionados al hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil.

Este Diario consultó por este tema al Ministerio de Salud, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Otra de las conexiones de Zoldan que aparecen en el informe es Chirculescu Sorin Horea, quien el 5 de mayo firmó un contrato por 611.000 dólares para la venta de más de 23.000 trajes de protección que hasta inicios de septiembre seguían almacenados en la bodega de la Coordinación Zonal 8, porque “a la fecha de recepción no se contaba con el administrador del contrato ni delegado técnico que haga la correspondiente revisión técnica”. Un año después, el proceso de recepción de los trajes todavía no se ha regularizado.

En ese contrato se generaron multas por 7.113 dólares por 7.256 trajes no entregados.

Sorin Horea asegura que este es un problema 100 % del Ministerio de Salud y que tampoco le han pagado por los trajes que sí entregó hace más de ocho meses. Niega, además, que su relación con Zoldan se haya “prestado para casos de corrupción en hospitales de ninguna naturaleza”.

En el caso de la compra de pruebas rápidas, en cambio, la Contraloría detectó que los tres proveedores beneficiados no fueron calificados por las comisiones técnicas del ministerio, pero aun así firmaron los contratos. Uno de ellos, Dimprokel S. A., “no oferta dispositivos médicos para la toma de muestras señalados en el numeral 5 de especificaciones técnicas, en consecuencia los requisitos sanitarios de estos dispositivos tampoco forman parte de la oferta”, señala la auditoría. Esta empresa no respondió al pedido de información de EXPRESO.

Salud tenía previsto pagar más de 6 millones de dólares a tres proveedores distintos de pruebas rápidas.

“El MSP no nos solicitó los papeles”

A Suministros Médicos Manosalvas se le adjudicó un contrato para la compra de pruebas rápidas, pese a que la empresa no cumplía con “los parámetros técnicos sujetos a la ficha técnica”. Sin embargo, señalan que el ministerio nunca les solicitó los documentos a los que se refiere la Contraloría y que no les han pagado todavía por las 430.000 pruebas que “sí cumplían con todos los elementos técnicos” y que Salud ya utilizó.