Sin freno. La sentencia judicial que restituyó a Fausto Murillo Fierro, como vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), no impidió que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continúe con el análisis y control sobre la remoción y restitución del mencionado funcionario, registrada hace dos meses.

Con la asistencia de nueve asambleístas, vía telemática y presencial, la Comisión dio paso a las comparecencias de tres de las autoridades convocadas a la sesión, que se reinstaló la mañana de ayer para seguir con el análisis de la decisión que tomaron consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el pasado 23 de abril. En sesión extraordinaria, por voto de mayoría resolvieron remover a Murillo de sus funciones, por pedido del exministro de Trabajo, Andrés Isch, ante un supuesto impedimento legal para ejercer el cargo.

El asambleísta Ricardo Vanegas aclaró que la Comisión “no es un órgano de justicia”, pues lo que pide es “la comparecencia de varios funcionarios públicos para conocer sobre sus actuaciones (...)”.

Una aclaración que se hizo ante lo resuelto el pasado lunes por jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes revocaron la resolución del CPCCS y ordenaron la restitución de Murillo. Esto, tras aceptar un recurso de apelación contra un fallo de primera instancia que negó una acción de protección.

El consejero Hernán Ulloa advirtió que el CPCCS no tiene nada que resolver luego de la sentencia que emitió la Corte de Pichincha. “El vocal debe reintegrarse en el acto, y la Judicatura deberá acatar la disposición judicial sin esperar pronunciamiento alguno del CPCCS”, señaló en su cuenta de Twitter.

Algo que el CJ hizo ayer, al hacer efectiva la orden de personal que emitió para cumplir con esa disposición judicial. Lo que fue ratificado por María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, quien acudió al llamado de los asambleístas. “(...) se encuentra oficialmente    reintegrado a la institución”, asentó la funcionaria al mostrar la orden de personal a Murillo, quien también estuvo en la reunión para exponer todo lo que atravesó tras el informe que emitió el exministro Isch.

Además, asistió el actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Luego de recordar los ocho años de trabajo en la Asamblea y de sentirse como “en casa”, el funcionario explicó el trámite que dio al pedido que hizo Murillo, el pasado 8 de junio, con respecto a la revisión de ese impedimento que había notificado su antecesor a Participación Ciudadana.

Luego de explicar las normas que aplicó, Donoso reiteró que los vocales de la Judicatura no pertenecen a la carrera judicial, por lo que la prohibición que señala el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) no rige para ellos, ni subsidiariamente la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), por ser “dignatarios elegidos a período fijo”, por lo que Murillo no tiene impedimento para las funciones de vocal de la Judicatura.

Luego de las comparencias, el asambleísta José Agualsaca resaltó que “está claro que este es un tema político”.

La Comisión de Justicia dejó abierta la fiscalización. Anunciaron una nueva convocatoria al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, así como al exministro Isch, quienes se excusaron de comparecer. Además a Diego Marcelo Kure, director de Control de Servicio Público del Ministerio del Trabajo, quien tampoco asistió.

El detalle

Acciones. Tras la remoción, Murillo presentó una acción de protección, además de una denuncia.

Para saber

Labor.

La Comisión dispuso enviar una carta al Ministerio de Trabajo para saber si Kure Mejía sigue laborando en esa entidad.

Período

Por más de 2 años y tres meses, Murillo ejerció el cargo de vocal antes de ser removido por el CPCCS.

Recurso

El Consejo de Participación Ciudadana presentó un recuso de nulidad a la sentencia que emitió la Corte de Pichincha.