El contralor Pablo Celi, procesado por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres, tiene un segundo expediente. Es por las posibles anomalías que se habrían registrado en el desvanecimiento de una glosa de 112 millones para la telefónica Claro.

El caso fue denunciado en marzo por un grupo de ciudadanos que pidió a la fiscal Diana Salazar que investigue a Celi y otros posibles responsables.

Evidencias de las supuestas irregularidades se incorporaron al proceso. Están en chats intercambiados por el contralor preso desde el 14 de abril en la cárcel 4 de Quito y que EXPRESO publicó ayer en un reportaje.

Al menos tres interlocutores del contralor lo señalaron en mensajes de WhatsApp que constan en un informe agregado a la instrucción fiscal que investiga una supuesta estructura delincuencial formada para el cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas a contratistas de Petroecuador.

La más evidente fue Daisy Guevara, experta supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. El 25 de marzo pasado le escribió al contralor entre otros mensajes: “Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de Claro que sé que está en la Fiscalía”.

Marcelo Ron, defensor del contralor, señala que su cliente aún no ha dado versión en el caso y tampoco fue notificado. Para él, la afirmación de Guevara es una manera de presión para que Pablo Celi no le saque del cargo a los familiares. La exfuncionaria en su versión habría dicho todo lo contrario.

La empresa Conecel-Claro se pronunció con respecto al cuestionado desvanecimiento de la glosa. Dijo que cumplió con todas y cada una de las condiciones determinadas por el Estado ecuatoriano en el proceso de asignación de espectro adicional.

Indicó que la empresa no tuvo participación ni injerencia, en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para esa asignación.

Recordó que, en 2018, la Contraloría, dentro de un examen especial contra funcionarios del Mintel, extinta Senatel y actual Arcotel, estableció inicialmente una predeterminación de glosa contra esos funcionarios. Fueron señalados por una presunta omisión metodológica en la fijación del precio de las frecuencias.

Claro señala en un comunicado que, la Contraloría, luego de evaluar las pruebas aportadas por expertos internacionales para la validación del proceso, desestimó la predeterminación inicial. “Con esto, quedó ratificado que las condiciones económicas y la metodología establecida por el Estado ecuatoriano para la asignación de espectro adicional para ambas operadoras estuvieron apegadas a la ley”, ratifica.

Pero no fue solo Guevara a mencionar el tema. Luis Miño, director de Responsabilidades de la Contraloría, dijo en su versión que Celi le dispuso desvanecer glosas de varias empresas. La telefónica habría sido una de ellas.

Afirma que Celi le ordenó que “elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidades por 111’000.000 USD a favor de Conecel con respecto a la banda ancha de Claro...”.

Las conversaciones de Celi con sus subalternos muestran órdenes, disposiciones, pedidos, entre otras cosas. Desde que inició la instrucción fiscal del caso han pasado 77 de los 120 días previstos. Las versiones y diligencias en el caso Las Torres siguen. El jueves se realizó una audiencia de extracción de información en Criminalística. El lunes, a las 11:00, será la audiencia de sustitución de medidas de Esteban, hermano del contralor.

Situación

Exhorto de renuncia

La próxima semana concluye el plazo para que la renuncia de la subcontralora Valentina Zárate sea aceptada o se efectivice. La situación en la Contraloría es incierta.

El Consejo de Participación Ciudadana que debe designar nuevo contralor se limitó a exhortar a Pablo Celi que renuncie porque eso “permitiría subsanar conflictos”.