Este domingo se conocería si es que tres vocales actuales del Consejo de la Judicatura: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo, van o no a juicio político.

Aunque la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo de ese proceso y no contó con los votos suficientes para liquidar el tema en esa instancia, será el pleno del organismo el que decida. La sesión, según Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, podría instalarse a las 17:30 del domingo. Si es que hay apoyo de 70 legisladores el juicio podría instalarse entre el miércoles y jueves de la siguiente semana.

Para la destitución de los interpelados hacen falta 92 voluntades, en un juicio que puede tomar dos días. La fiscalización de los vocales ha estado rodeada de suspicacias.

En los últimos días se han evidenciado aditivos. Se ha denunciado un posible reparto de notarías. A un legislador durante la sesión virtual se le deslizó un comentario sobre votar a favor o en contra y que justificó era parte de un diálogo con su asesor. También el legislador Dalton Bacigalupo apuntó al presidente de la Corte Iván Saquicela por posibles llamadas telefónicas.

Iván Saquicela explicó: “Le conozco muchos años al asambleísta Bacigalupo, no he conversado, me llamó, se cortó, le devolví la llamada y ya no contestó, nada más que eso”.

Para el presidente del Legislativo “hay los cabildeos, son intensos al interior de la Asamblea”, y para él son legítimos en cuanto al diálogo que pueden tener los legisladores sobre si se ha incurrido o no en las causales. Señala que no es desconocida la realidad de la justicia ecuatoriana y el propio Consejo de la Judicatura.

De los comentarios de reparto de puestos, notarías y de llamadas, “ya no es una cuestión que debería estar en el cabildeo político. Los legisladores debemos decidir con base en el debido proceso, en el derecho a la defensa y tomar una decisión el día del juicio político”, si es que el mismo se da. Si votará en favor o en contra, Saquicela mencionó que si se llama a juicio emitirá su voto conforme a su conciencia.

Adelantó que si es que se parte del hecho de que la Corte Constitucional estableció que hubo una violación a la Constitución “existiría una causal suficiente para ese hecho”.

El jurista Víctor Hugo Cevallos opina que el juicio político debe acelerarse y darse paso porque, de ser ciertas todas las denuncias, arreglos y componendas “no solo amerita la destitución”.

Cevallos comenta que lo de los repartos de juzgados y notarías no es nuevo. “La justicia está cooptada desde hace muchos años” y solo cambia el color, añade.

El exasambleísta y exsubsecretario en el Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, destacó que las investigaciones que hacen encuestadoras y la percepción entre la ciudadanía reflejan que “a las principales instituciones de la democracia en el país les aqueja un grave problema de legitimidad”.

Enfatiza que de ello no se escapa el Consejo de la Judicatura. El problema se agrava porque la entidad encargada del juzgamiento político a los miembros de ese Consejo, es decir la Asamblea, cojea igual o peor, dice. Y “en estas circunstancias, el juicio político termina contribuyendo al show mediático que deteriora la credibilidad institucional y debilita más a la democracia, que termina siendo un sistema sin valor para el ciudadano, que percibe que a la política no le importan las angustias personales, familiares y comunitarias”, concluye.

El detalle

Interpelantes. El pedido de fiscalización provino de los correístas Viviana Veloz y Fausto Jarrín, quien renunció para volver al libre ejercicio profesional.

La cifra

102 comparecencias fueron programadas dentro del trámite que llevó adelante la comisión.