60 de 137 tienen algo que esconder

La Asamblea Nacional está podrida: así ha sido la percepción ciudadana durante años. Se dirá que entre la percepción ciudadana y la verdad periodística hay un buen trecho, pero ese trecho lo acaba de saltar (sin darse cuenta, la verdad sea dicha) el presidente César Litardo: ha revelado que alrededor de 60 de los 137 asambleístas afrontan causas judiciales. Casi la mitad. ¿Quiénes son? ¿De qué se los acusa? Secreto. Se sabe que una veintena de ellos hacía cobros indebidos a sus empleados (diezmos, se decía, aunque a veces el 10 por ciento se quedaba corto). Otros diez, o más, están involucrados en el reparto de contratos públicos. ¿Y el resto? Litardo no parece ser consciente de la dimensión de lo que ha dicho. Es obvio que no se preocupa demasiado: él cree que 60 de 137 no está tan mal, así que todavía encuentra el coraje para soltar aquella frase que ya hace meses, cuando se discutía el tema de los diezmos, sonaba desatinada: “no hay que generalizar”.

Era el correísta Pabel Muñoz el abanderado de esa frase. El día en que Fabricio Villamar anunció su decisión de llevar ante la Fiscalía los casos de cobros indebidos, Muñoz hizo un discurso muy sesudo, como todos los suyos, con ese leitmotiv: “no hay que generalizar”. Ahora sabemos que Villamar se inscribió en el club de los discapacitados y que se ahorró impuestos en la importación de su supercamioneta. En cuanto a Muñoz, siempre estuvo claro que él, como secretario de Planificación del correísmo, avaló con su firma el saqueo de las refinerías y otros contratos de los sectores estratégicos, así que la inmunidad parlamentaria le cayó como anillo al dedo. Es probable que ninguno de los dos se encuentre entre los 60.

“No hay que generalizar”, dice Litardo, como si 60 de 137 no fuera generalización suficiente. Es más: si los asambleístas que no tienen cuentas pendientes con la justicia se decidieran a expulsar a los otros (cosa harto improbable que sería, en sí misma, un acabose), tendrían grandes dificultades para hacer cuórum.

Como si fuera la cosa más normal...

Conmovedor optimismo de César Litardo. Luego de revelar que casi la mitad de los integrantes de la Asamblea Nacional tiene cuentas pendientes con la justicia, ha dicho que es imperativo “iniciar un proceso de reconformación” de las comisiones parlamentarias. No se le conocía la vena humorística al presidente. Da ternura verlo pensar en las comisiones ante un panorama de descomposición moral tan terminal como el que él mismo ha descrito. ¿Hay que reconformarlas o hay que echarlo todo abajo y empezar de nuevo?

Resulta difícil adivinar en qué está pensando Litardo. Acaso en una reingeniería para que los corruptos (que son, prácticamente, uno de cada dos, no hay que olvidarlo) se vean reducidos a bloques minoritarios. Interesante desafío: se trata de repartir las comisiones ya no entre bancadas parlamentarias, sino entre asambleístas presuntamente ratas y asambleístas presuntamente honestos, de modo que estos últimos conserven siempre la voz cantante en cada comisión. Cabe preguntarse si una operación de ese tipo es practicable, considerando la abrumadora cantidad de presuntas ratas. En algún lado tendrán que ser mayoría, no hay cómo evitarlo. Otra pregunta no menos decisiva: en una Asamblea donde 60 de 137 tienen cuentas pendientes con la justicia, ¿hasta dónde llegan los niveles de complicidad y silencio de los 70 que no las tienen? ¿Con cuántos asambleístas realmente honestos cuenta la República?

Litardo habla como si la debacle moral del primer poder del Estado fuera todavía manejable. Peor aún: como si fuera normal. Cree que la Asamblea puede seguir trabajando como si nada ocurriera y que él, como su presidente, ni siquiera está obligado a revelar los nombres de los 60 procesados y las causas en que se encuentran comprometidos. Desliza las palabras “debido proceso”, como dando a entender que nada se puede hacer hasta que los jueces se pronuncien en cada uno de los sesenta casos. Y cuando alguien quiere hacer cambios en la Comisión de Fiscalización, él los bloquea.