Para entender la masacre en la Cárcel de Cotopaxi hay que mirar al pasado. Exactamente al 20 de septiembre. Ese día tres policías fueron aprehendidos porque intentaron ingresar 496 municiones, dentro de un chaleco de protección. Las balas iban dirigidas a la zona de máxima seguridad, donde algún cabecilla las pidió. Un día antes, en la misma cárcel, dos presos se escaparon de mínima seguridad y salieron de la cárcel. Volvieron a los pocos minutos cargando dos maletas.

Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), los presos querían ingresar un rifle de asalto AR-15 y municiones de 5,56 mm. Se trata de un arma potente, que cuesta 500 dólares en EE. UU. y que puede disparar hasta 100 balas sin recargar.

Los dos hechos eran una advertencia de que se preparaba una balacera. Son también síntomas de una enfermedad que aqueja el sistema carcelario del país: la corrupción.

De policías a funcionarios del Estado, pasando por guías penitenciarios, abogados, jueces y militares, en las cárceles todo se puede conseguir, si se tiene el dinero o los contactos.

Tras el arresto de los tres policías, el fiscal Patricio Molina pidió al juez que se ordene la prisión de los uniformados. “Este es un caso excepcional. Esos cartuchos iban a ser ingresados y recordemos que se dirigían a máxima seguridad. Todos hemos visto las masacres en las cárceles, por lo que la Fiscalía solicita esta medida tan rigurosa (prisión preventiva), pues se estaría poniendo en riesgo o entorpeciendo las investigaciones”, dijo Molina.

El juez Luis Aníbal Quimbita Panchi consideró que no era necesaria la prisión y ordenó la libertad de los tres policías. Ellos únicamente tienen prohibido salir del país. Mientras tanto, siguen patrullando.

Para Claudia Garzón, excomisionada para la pacificación de las cárceles, es necesario que el SNAI y la Policía a cargo de los centros penitenciarios sean depurados. “Hay que quitar a esos funcionarios que no trabajan con justicia ni con ética”, enfatizó.

Las boletas de liberación se venden, las prelibertades y los habeas corpus tienen un costo. Pasar una pistola, un celular, un televisor o droga es relativamente fácil.

De hecho, un delegado de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) informó el jueves por la tarde que no han recibido pedidos para la colocación de inhibidores de señal celular en los centros penitenciarios del país y que la señal desde allí es “muy alta”.

El asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik, convocó a las entidades públicas y a los representantes de las empresas privadas de telefonía para que expliquen qué se ha hecho y qué falta por hacer para evitar que los reos se comuniquen hacia el exterior y, eventualmente, ordenen actos delictivos desde la prisión.

“En Latacunga están instalados por esas empresas 13 inhibidores, pero diez fueron destruidos en los amotinamientos. El SNAI tiene en este momento los estudios correspondientes a los otros centros carcelarios para realizar la contratación del sistema de neutralización de las frecuencias de comunicación, señal de telefonía, wifi”, señaló Cristian Rosero, funcionario del SNAI.

La comunicación en las prisiones es importante porque más de 20 presos en lo que va del año han sido procesados por extorsión. Incluso, el asesinato del abogado de JL o Rasquiña, Harrison Salcedo, se ordenó desde la cárcel de Cotopaxi, según la Fiscalía.

Desde febrero pasado, el entonces viceministro del Interior, Max Campos, aseguró que había una investigación para descubrir el mecanismo para ingresar armas a las cárceles

Este Diario consultó sobre el resultado de la investigación. Pero hasta el viernes 7 de octubre no hubo respuesta. El objetivo era conocer las identidades de los policías involucrados con bandas.

• Recursos. El SNAI tiene un presupuesto de 59 millones para todo el año. Ha gastado 25 millones en salarios y 20 millones en insumos administrativos.

Más falencias

Las cámaras, sin funcionar. Las cárceles del país cuentan con cámaras de vigilancia, pero estas no funcionan. En los últimos amotinamientos fueron destruidas, porque presos dispararon a los equipos. También ellos tienen las llaves de las celdas y de los pabellones. Hay casi 3.000 guías penitenciarios para una población carcelaria de 40.000 internos, la mayoría por drogas.