La inasistencia del abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón impidió la instalación de la audiencia preparatoria de juicio prevista para este lunes 17 de agosto, a las 09:30, en el caso de posible rebelión, tras las protestas de octubre de 2019.

La diligencia se volvió a convocar para este viernes con la disposición de que si es que no asisten los abogados particulares actúe la Defensoría Pública Penal.

La Corte Provincial debía escuchar la presentación del dictamen acusatorio para tres miembros de la Revolución Ciudadana: Pabón, el dirigente Christian González y el secretario ejecutivo de la agrupación y exasambleísta Virgilio Hernández. 

La Fiscalía de Pichincha investigó un presunto delito de rebelión atribuido a cuatro sospechosos, uno de ellos no recibió acusación por los hechos violentos registrados durante la protesta contra indígena de octubre, en contra del decreto que liberaba el precio de los combustibles. 

La instrucción fiscal inició el 15 de octubre para tres sospechosos. El 5 de noviembre fue vinculado Hernández. En total hubo 120 días de investigación. Según señalaba el fiscal Alberto Santillaán el año pasado, había elementos que llevaban al convencimiento de que los sospechosos habían intervenido en el posible financiamiento para la comisión de los actos vandálicos, que se registraron en los 11 días de protesta que paralizó el país. 

El eje central de las manifestaciónes estuvo en Quito. Los incidentes dejaron cerca de una decena de fallecidos y cientos de heridos, en su mayoría policías y militares, que se enfrentaron a una nueva modalidad de protesta: ataques con explosivos, secuestros, retenciones y otras acciones protagonizadas por manifestantes. En las jornadas se dio el incendio de la Contraloría que aún espera los resultados de la aplicación del seguro contra daños del edificio. Se abrieron varias investigaciones en el caso. No hay detenidos.

Para la Fiscalía de Pichincha, los actos registrados en octubre “sobrepasaron el derecho a la resistencia" que ampara a los manifestantes. A través de interceptaciones telefónicas se habría evidenciado una supuesta planificación y la disposición de salir a protestar.

Pabón estuvo detenida hasta el 24 de diciembre de 2019 que recibió la sustitución de la prisión con el uso de un dispositivo electrónico y la presentación periódica que dictó la entonces presidenta subrogante de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra. El expediente no consta en el Sistema Satje de la Función Judicial porque fue declarado reservado por supuestamente existir información en el expediente que revelaba acciones que atentarían  contra la seguridad del Estado.

El exasambleísta Hernández había señalado en varias oportunidades que se lo vinculó al proceso por un tuit en el que se refería al gobierno del presidente Lenín Moreno. En el caso hubo reformulación de cargos. Inicialmente se investigaba rebelión por el inciso cuatro del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas de entre siete y 10 años, a quien promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado. 

Con la reformulación la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido será sancionada con entre cinco y siete años.