Hoy, a partir de las 09:00, se producirá el primer intento para instalar el juzgamiento del alcalde de Quito en disputa Jorge Yunda y de otras 13 personas, por el caso de presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19.

Durante 22 días de diligencia, decenas de testigos y peritos desfilarán por el tribunal integrado por Wilson Lema (ponente), Fabián Fabara y Patlova Guerra, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha.

La diligencia se realizará en el piso 11 del Complejo Judicial Norte y fue programada con casi dos meses de anticipación para evitar dilaciones. El tribunal advirtió a los sujetos procesales de su obligación de concurrir. En caso de incumplimiento, habrá sanciones.

En el primer día de juicio se ha previsto que el fiscal provincial Alberto Santillán inicie la presentación de pruebas con la reproducción de dos testimonios anticipados y la presentación de 10 peritos. Mañana, desde las 09:00, se espera recibir los testimonios de funcionarios municipales de la Secretaría de Salud y de concejales como Luz Elena Coloma.

En 10 días el fiscal llamará a 183 testigos y peritos, hasta el 11 de octubre. Para el 12 se ha previsto que la defensa de Yunda acuda a las declaraciones de 63 testigos para demostrar su inocencia. Mientras que el exsecretario de Salud del Municipio Lenin Mantilla ha anunciado más de 250 testimonios.

El tribunal piensa evacuar a todos los testigos y peritos hasta el 28 de octubre. Para la etapa de juicio el alcalde en disputa tendrá el patrocinio de Marcelo Icaza y otros defensores.

Además de Yunda y Mantilla, la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca, también será juzgada por este presunto delito registrado en el contexto de la pandemia.

La funcionaria, quien es acusada por la Fiscalía como posible coautora del delito, explicó que ella llegó a la Secretaría de Salud cuando el contrato de compra de las pruebas estaba ejecutado, por lo que las acusaciones en su contra no tienen sustento jurídico. “La Ley Humanitaria me impedía terminar unilateralmente el contrato, había la cúspide de la primera ola de la pandemia, las pruebas eran caras, las personas no podían acceder a ellas”, señaló.

Reiteró que con la aplicación de las pruebas bajaron considerablemente el número de contagios y salvaron vidas. “Soy inocente y espero que se haga justicia”, concluyó.

El alcalde en disputa ha dicho en sus redes sociales y en declaraciones públicas que es un perseguido político. Y ha dirigido las acusaciones de persecución en su contra al excontralor Pablo Celi “a pedido de los sectores poderosos de Quito”.

En entrevistas radiales, la científica Linda Guamán, exfuncionaria de Salud, ha señalado que “jamás pensé que se me involucraría en un caso así. Hemos tenido que pasar varios meses leyendo el informe y no voy a acogerme al silencio”, y que se defenderá.

Hasta las 15:00 de ayer, al menos 17 escritos habían sido ingresados en la Sala Penal de la Corte de Pichincha, según el reporte del sistema Satje.

Defensores como Nicolás Salas y Pablo Encalada, que patrocinan a la secretaria de Salud Ximena Abarca y a Enrique Bucheli, el director de Salud que hizo el pedido de las pruebas, buscan que les permitan comparecer a la audiencia también por Zoom y que la misma sea pública.

Además del caso de peculado, existen abiertas varias investigaciones para Yunda, en las que se han practicado diligencias y recibido versiones. Yunda fue removido de la Alcaldía, pero recursos que se habrían presentado de forma irregular han frenado la ejecutoria de la resolución.