La mayoría de los detenidos como parte de la presunta red que traficaba con cargos públicos están o han estado en algún momento dentro de la función pública.

Catorce de los 33 investigados trabajan o trabajaron en instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Trabajo, la Policía Nacional, Correos del Ecuador, Ministerio de Educación, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Tribunal Contencioso Electoral, Prefectura de Sucumbíos, entre otros organismos.

De los catorce, se presume que tres aún eran funcionarios públicos al momento de su detención, ya que la página web de la Contraloría registra sus declaraciones de bienes patrimoniales de inicio de gestión en este año, pero no de culminación de la misma.

Christian Enrique Palacios Tamayo aparece como compositor de items del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y especialista de Evaluación y Acreditación de Institutos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Luis Tarquino Loyo Brusil es director nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral. Mientras que Álex José Abarca Achig, teniente coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, aparece como director de Seguridad Postal de la Empresa Pública Correos del Ecuador. 

Entre el grupo de exfuncionarios destaca el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Otro excolaborador del mismo Consejo durante la época del sacerdote, Mario Trejo, quien figuraba como subcoordinador nacional del Consejo de Participación. También el exprefecto de Sucumbíos Guido Vargas. Además, Marco Oñate Salcedo, quien en 2018 figuraba como conductor del Tribunal Contencioso Electoral y asistente contencioso en 2011, 2014 y 2016. Julián Ainaguano, de acuerdo a la información de la Contraloría, fue gerente de la Corporación Financiera Nacional en 2013, entre otros. 

Luego de 11 horas de audiencia, el juez Marcos Guerra, dictó ayer prisión preventiva contra Tuárez y otros 26 investigados en el caso, cuya recopilación de información para llegar a este punto inició en agosto. Otros seis podrán defenderse en libertad con la medida sustitutiva a la prisión de presentación periódica ante la autoridad. El grupo es investigado por el presunto delito de asociación ilícita.

La abogada del sacerdote, Teresa Rivas, aseguró que se trata de una persecución política encabezada por un activista política de quien prefirió no decir el nombre. Su defendido, por medidas de seguridad, fue trasladado a la cárcel 4 de Quito.