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El hacinamiento le reduce espacio a la rehabilitación

El número de internos casi duplicaba la capacidad instalada del Centro de Privación de Libertad 1 de Santo Domingo, de acuerdo con cifras oficiales

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Operativo. Internos de cárcel de Santo Domingo sometidos, en el patio de esa penitenciaría.Cortesía

La sobrepoblación de internos en un gran número de cárceles del país es una constante con la que han tenido que lidiar las autoridades de los últimos gobiernos y el actual, por los riesgos que esto representa para la salud de los internos y el ambiente de paz, por ejemplo.

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Al 29 de abril pasado había un déficit de cerca de 3.300 plazas para personas privadas de la libertad a nivel nacional, según los registros del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

Particularmente en Santo Domingo, donde este lunes 9 de mayo se registró una masacre, con al menos 44 internos fallecidos, varios heridos y 220 reos fugados (de los cuales 112 han sido recapturados y 108 siguen prófugos), según señaló Pablo Ramírez, director del SNAI. La situación ha sido crítica.

Ahí, las actividades en el Centro de Privación de Libertad 1 de esa provincia se han desarrollado en condiciones prácticamente de hacinamiento, según las cifras oficiales disponibles y testimonios de familiares de internos, que han cuestionado las acciones del Gobierno para precautelar la paz.

La capacidad instalada efectiva de esa cárcel, es decir la disponibilidad para acoger a personas en condiciones favorables, es de 914 puestos. Al 29 de abril pasado casi se duplicaba la población que debería albergar ese centro penitenciario: había 1.611 internos.

Sin embargo, en una rueda de prensa, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad, dijo este lunes 9 de mayo que había unos 1.700 reos. El funcionario también advirtió que más de 100 presos llegaron a esa cárcel en las últimas semanas, después de la matanza ocurrida el 3 de abril en Turi, por órdenes de jueces que acogieron recursos de habeas corpus.

“(Hubo) 124 (que) ingresaron a pesar de que existe hacinamiento. Esto es debido a las decisiones judiciales que no nos dejan administrar los centros de rehabilitación acorde al nivel de peligrosidad de la persona privada de la libertad”, indicó.

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Según una revisión de este Diario a las cifras de las poblaciones carcelarias, al 29 de abril pasado, en 23 de 36 lugares de privación de libertad hay déficit de plazas para reos.

El Centro de Privación de Libertad Guayas 1 está en el primer lugar del listado de cárceles que tienen ese problema, con una sobrepoblación de 1.465 internos. La cárcel 1 de El Oro también registra más presos de los que debería tener (unos 500). Otro centro carcelario en esas condiciones es el de Tungurahua 1, con casi 400 internos.

Si bien los indultos otorgados por el Gobierno y otras medidas implementadas han reducido la población de reos, el problema de hacinamiento es notorio y hace falta que se sinceren las cifras. En el informe que elaboró una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país en diciembre, se recoge que “los niveles de hacinamiento serían más elevados derivado de que la capacidad nominal declarada por el Estado se basaría únicamente en el número de camas, y no correspondería con la capacidad real de alojamiento”.

Contratación: $ 70 millones para este año

El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) tiene previsto comprar insumos y contratar servicios por unos $ 70 millones en este año, según su plan anual de contratación. Por ejemplo, en el listado de ítems por adquirir constan toletes, esposas y gas pimienta, por $ 266 mil.

Una de las últimas compras adjudicadas corresponde a la adquisición de 6.300 candados para los centros de privación de libertad del SNAI a nivel nacional, por $ 153 mil, según los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

En el portal de Compras Públicas se detalla que el organismo a cargo de las cárceles en el país adjudicó 104 procesos contractuales en el 2021 (régimen común y especial), por unos $ 4,8 millones. Entre esas compras consta la adquisición de equipos de radio, por $ 87 mil, y otra, de menor cuantía, para obras civiles, por ejemplo.