El que la Corte Constitucional (CC) haya procedido a favor de cinco habeas corpus presentados por privados de libertad entre 2019 y 2021 para exigir el respeto a sus derechos, es una muestra de que esta es la vía de al menos quienes tienen la posibilidad de acceder a cierta justicia y así sobrellevar su condena en el sistema carcelario de Ecuador.

La primera de esas causas fue resuelta en noviembre de 2019, cuando personas con enfermedades catastróficas exigían atención médica, tratamientos y medicinas para sus dolencias, con el fin de que se garantice su derecho a la salud a través de las políticas públicas del país. Las demás corresponden al año 2021, con pedidos que van desde una oportuna atención médica tras la llegada de la pandemia de COVID-19, hasta la denuncia de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones.

“Las condiciones de las cárceles permiten este tipo de pedidos, porque allí se violan derechos básicos de todo tipo. El accionante tiene derecho a ser escuchado. La decisión la tiene el juez”, expuso el experto en criminología Juan José Hidalgo en relación al denominado ‘abuso del recurso’, en medio de la crisis del sistema carcelario nacional, que en 2021 acumuló cinco masacres con 316 fallecidos.

Diario EXPRESO ha puesto en evidencia las falencias existentes en las 37 prisiones del país. Y la principal de ellas es el hacinamiento: según el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), la sobrepoblación es del 15 %. Pero no hay cómo asegurarlo porque además de que aún no se ha realizado el censo penitenciario, no cuadran los números en las fichas del registro.

La base del datos del SNAI dice que hay 261.656 presos en el país, pero tras la depuración de los archivos duplicados, defunciones y más variantes en esos archivos, el dato es de 40.108 reos en total. Así lo respalda el documento nacional de la política de rehabilitación social de Ecuador.

Otro de los grandes problemas está en el juzgado de Garantías Penitenciarias. Tanto así, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe que hay “obstáculos legales y administrativos para conceder beneficios e indultos; y la imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas... La crisis carcelaria está caracterizada por altos niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y responde al abandono estatal”.

Martha Macías, abogada y exdirectora de la cárcel de mujeres en la ciudad de Guayaquil, denuncia que se cobran entre 3.000 y 5.000 dólares para dar trámite a los pedidos de habeas corpus.

“Yo, Martha Macías, no he podido hacerlo para un señor de 73 años con enfermedades catastróficas, con sentencia cumplida de 10 años por delito de drogas. No lo puedo sacar aun presentándome en persona; pero lamentablemente hay gente que paga. Y no me digan que no ha recibido (dinero) el juez, porque es por intermediarios que le llega al juez. Esa es la realidad y lo saben todos los abogados. ¡Y el gremio no dice nada! Eso es lamentable”.

Macías puntualiza que para eliminar el abuso del habeas corpus, primero se debe erradicar la corrupción del sistema. Seguido de ello, que el Estado y el Gobierno se responsabilicen del “abandono” en las cárceles.

“Las autoridades de la mesa de seguridad no tienen la capacidad de ir más allá, porque no han pisado los territorios, no han pisado la cárcel, no conocen de las figuras legales, ni de la realidad que se vive en la cárcel. Está en manos del Gobierno. Si quieren eliminar el abuso, deben cumplir con sus responsabilidades”.

En 2021 el presidente Guillermo Lasso dijo que destinó 30 millones de dólares para el mejoramiento de la infraestructura y fortalecimiento del sistema de vigilancia en la cárcel. Pero los detalles están “bajo reserva”, de acuerdo con el SNAI, porque es información “sensible”.

Así también, se expuso que para la ejecución de la política pública de rehabilitación social hay otro presupuesto de $ 27 millones, que provendrá de las distintas carteras estatales involucradas; pero tampoco hay pormenores del uso de esos recursos y la materialización de obras en el sistema.

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, recuerda que el Estado tiene la obligación de proteger a su población, especialmente a quienes están bajo su custodia por ser privados de libertad.

El pasado jueves, la Corte Provincial de Justicia (Guayas) anunció que el juez Carlos Cedeño dejó sin efecto el arresto domiciliario otorgado a través de un habeas corpus el viernes 22 de abril al líder número 2 de Los Choneros, Junior Roldán, alias JR, por lo que será atendido en el hospital público Guayaquil.

“Hay que comprender que, si no queremos dar la concesión de estos habeas corpus, el sistema de rehabilitación social debe ofrecer lo necesario a las personas privadas de la libertad. Es decir, que entregue atención, seguridad, salud y derechos básicos para que no soliciten el habeas corpus; porque se solicita este recurso afirmando que el sistema no brinda esas facilidades y necesidades básicas a los privadas de la libertad”, sostuvo Narváez.

El pasado 19 de abril, el padre Luis Barrios, comisionado de paz en las cárceles, instó al primer mandatario a entrar a las prisiones para “palpar” las necesidades en ese lugar, “porque son el reflejo de la dignidad y moralidad que tenemos para restablecer a personas dentro de nuestra sociedad”.

Precarias condiciones de salud y convivencia

Para el SNAI, de los 40.108 reos que hay en el país, apenas 1.112 convictos padecen de alguna enfermedad. Sin embargo, los demás presos ni siquiera cuentan con una ficha médica o datos de su condición de salud.

Con la llegada de la pandemia empeoró el abastecimiento de insumos y de medicinas en los centros de reclusión, especialmente en las cárceles pequeñas. El tráfico de fármacos se incrementó según los estudios penitenciarios de diagnóstico. Los internos son quienes denuncian que los guías penitenciarios negocian las citas médicas para que los privados de libertad puedan acceder a un servicio de salud.

Adicional a ello, los tratamientos psicológicos son una utopía en dicho lugar, porque además de que un profesional en esta rama tiene que atender a mil convictos, no cumplen jornada en el sitio, lo que complica una verdadera atención.

En enero, fueron los reos quienes le solicitaron a la comisión de paz que para garantizar que no exista otra masacre, se los ayude con tratamientos para su salud mental, pero no hay detalles de si han recibido la asistencia correspondiente.

Según los estudios realizados sobre la política de rehabilitación, desde el Ministerio de Salud y SNAI existe “oscuridad en las problemáticas de drogadicción, tratamiento y prevención” en las cárceles del país. Tampoco hay garantías de alimentación a los menores de tres años que habitan con sus madres. Asimismo, no se prioriza la atención a mujeres embarazadas ni por patologías femeninas en ramas como la ginecología.