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Santiago Guarderas, alcalde de Quito, pide las medidas cautelares hasta que se dé la mediación anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional.Cortesía

Guarderas acude a la justicia para evitar revocatoria del estado de excepción

El alcalde de Quito quiere impedir que la Asamblea Nacional se abstenga de conocer el pedido hecho por varios asambleístas para anular el Decreto.

Para las 17:15 está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar tres puntos. El segundo está relacionado al Decreto 455 del pasado 17 de junio con el que el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en tres provincias, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, por las protestas indígenas que iniciaron hace ocho días. El legislativo busco su anulación.

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El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, se opone a la eliminación de dicho Decreto por parte de la Asamblea Nacional, poder del Estado que tratará la revocatoria luego de la mayoría absoluta esté de acuerdo, tal como manda la normativa. Guarderas presentó este lunes un pedido de medidas cautelares ante un juez de garantías constituciones de la provincia de Pichincha con el que busca que el pleno de la Asamblea se abstenga de tratar dicho punto en el orden del día.

Guarderas sustenta que, de eliminarse el Decreto a través de la Asamblea Nacional, se constituiría una violación de derechos constitucionales para quienes habitan en la ciudad de Quito. Todo esto, porque las protestas se centrarán en la capital desde este día.

“Responsabilizo a los Asambleístas que apoyen esta pretensión, por las consecuencias que podría traer para la paz y seguridad de los habitantes de la ciudad y la conservación de su patrimonio”, dijo día atrás el burgomaestre, aludiendo que podría repetirse el escenario de las protestas de octubre del 2019.

No es el único pedido. El activista político, Andrés Castillo, también presentó un pedido de medida cautelar en contra de la Asamblea para evitar la derogatoria del Decreto Ejecutivo. “Quito merece trabajar, Quito merece paz, no vamos a permitir que nos revienten las llantas como dice la señora Paucar (concejala) ni que nos revienten los edificios públicos como los quiere el señor Iza”, dijo en video colgado en sus redes sociales.

En 2019, las protestas sociales e indígenas, provocaron pérdidas económicas a escala nacional por $ 821 millones en once días de manifestaciones. Mientras que, en la capital, solo los daños y perdidas en el Centro Histórico y edificios patrimoniales representó $ 2.3 millones.