A dos semanas de gestión y con una anunciada transición ecológica que puso en marcha el pasado 5 de junio; el presidente Guillermo Lasso ya recibe la primera notificación de una demanda heredada del anterior gobierno. Una acción que busca la declaración de inconstitucionalidad de cuatro artículos del Código Orgánico del Ambiente (COA), relacionados al ecosistema de manglares, consulta previa, monocultivo y sanciones administrativas.

A las 09:30 de este martes 8 de junio de 2021, el juez Ramiro Ávila Santamaría, de la Corte Constitucional (CC), tiene previsto instalar una audiencia pública para conocer los argumentos de la acción, que fue admitida el 3 de abril de 2019, tras considerarse un caso prioritario, pero que fue presentada el 5 de junio de 2018.

La demanda fue interpuesta en  contra de los artículos 104 (7), 102, 121, 184, 320 del COA, por la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y    Ambiente    (Cedenma),    además de la    Asociación    Animalista    Libera    Ecuador y Acción    Ecológica.

“Los artículos antes    referidos contradicen principios  y  normas constitucionales, como    derechos de  la  naturaleza,  derecho  al    ambiente    sano    y    ecológicamente equilibrado, por lo que solicitan que sean declarados inconstitucionales”, señala un extracto de la notificación de la demanda.

Aunque la acción no tiene que ver con la gestión de las actuales autoridades del país, se dispuso la notificación tanto al presidente de la República, Guillermo Lasso, como a la presidenta de    la    Asamblea Nacional, al procurador general del Estado, a los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la Confederación    de    Nacionalidades Indígenas Amazónicas del    Ecuador. También, a la    coordinadora general del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza.

Ambientalistas consultados por EXPRESO aplauden la iniciativa de los demandantes, pero esperan resoluciones antes de pronunciarse. ¿Pero qué se cuestiona? La Cedenma afirma que estas normas no garantizarán la preservación y existencia de estos ecosistemas porque se permite actividades distintas a la de conservación. En un análisis que hicieron abogados ambientalistas e instituciones que velan por el medio ambiente se señala que “lejos de ser una solución a la situación de indefensión jurídica de bienes y servicios ambientales, el COA provoca aún más problemas y más debilidad temática”.

La acción, añade, acusó la inconstitucionalidad de: la regresividad de las normas sobre actividades permitidas en los manglares; la posibilidad de establecimiento de monocultivos, la limitación al derecho de participación ciudadana en materia ambiental; y, la imposibilidad de imposición de sanción administrativa en caso de captura de productos forestales y maderables.

Entre los artículos objetados está justamente el 104.7 que señala las actividades    permitidas    en    el    ecosistema    de    manglar, sobre las productivas      o      de      infraestructura      pública      que      cuenten      con      autorización      expresa      de      la      Autoridad Ambiental Nacional y que ofrezcan programas de reforestación. Mientras, el 102 hace referencia a los contenidos de los planes e instrumentos de    conservación    y    manejo    del    páramo    que se    podrán    establecer    y    reconocer    áreas    voluntarias    de conservación comunitaria y privada, así como zonas de amortiguamiento.

El detalle

Modalidad.    La diligencia se realizará por vía telemática y están convocados también quienes se registraron como los amicus curiae.