Por medio de un decreto, el presidente Lenín Moreno expidió este 17 de julio reformas al reglamento de la Ley de Discapacidades que pone un precio máximo de 60 salarios básicos unificados a los vehículos que podrán acogerse al beneficio de exoneración de tributos con el carné de discapacidad.

La reforma señala que para acogerse a ese beneficio, el valor máximo permitido del vehículo no podrá exceder los "60 salarios básicos, tomando en consideración el precio de venta en el que ese 'año modelo' salió al mercado, aplicando un 15 % de depreciación anual para el primer año, 10 % para el segundo año y 10 % para el tercer año, considerando el tipo de cambio vigente a esa fecha en caso de que corresponda.

Además, se precisa que para el cálculo de los años de antigüedad, se tomará en cuenta exclusivamente el período comprendido entre el año modelo y el año de embarque. 

"No se considerará la importación de vehículos automotores que hayan sido siniestrados (con la leyenda 'Salvataje' o 'Salvage' o equivalente, en los documentos de compra) aunque arriben al país reparados", precisa además el decreto.

También se elimina el artículo 30 del reglamento en el cual se exceptuaba a las personas con discapacidad de la "prohibición de enajenar los vehículos importados o adquiridos localmente en los casos en los cuales la persona con discapacidad se encontrara como deudora y no cancelara dicha deuda en el plazo de seis meses. Tiempo luego del cual el acreedor podrá ejercer las acciones legales contempladas dentro de la Ley para el cobro de esta deuda".

Entre las disposiciones transitorias el presidente le da 30 días de plazo, a partir de la publicación del decreto, a la Agencia Nacional de Tránsito para que emita la normativa para la implementación de placa diferenciada para vehículos destinados al uso y beneficio particular o colectivo de personas con discapacidad.

Las reformas se emiten semanas después de que saliera a la luz el escándalo de la emisión fraudulenta de miles de carnés de discapacidad que eran utilizados para importar vehículos, muchas veces de alta gama, al país con exoneración de tributos. Modo de operación que fue descubierto a raíz de la detención de Daniel Salcedo, pieza clave de la Fiscalía en la investigación por los casos de corrupción relacionados con la compra y venta de insumos médicos por parte de hospitales del IESS en Guayaquil.