El uso del dinero público está en la mira de la ciudadanía y de organismos internacionales. Una veeduría especial -y no vinculada con el sector público- revisará los gastos hechos para atender la emergencia sanitaria en tres ciudades.

El Instituto Republicano Internacional, capítulo Ecuador, y la Fundación Contra la Violencia iniciaron los trabajos para constituir veedurías ciudadanas en Puyo, Cuenca y Quito. En la capital, por ejemplo, empezaron las acciones y se espera tener resultados a principios de octubre. 

¿Quiénes conforman las veedurías? Según sus impulsores, se trata de hombres y mujeres representantes de la sociedad civil y de diferentes sectores económicos. El objetivo, afirman, es verificar en que se han utilizado los fondos que debían ir al combate del coronavirus. 

Esto, luego de que en varias instituciones públicas se detectaron anomalías, compras con sobreprecios y negociados que ahora son investigados por la Contraloría y la Fiscalía General del Estado. 

"Podemos y debemos exigir la rendición de cuentas y vigilar la inversión adecuada de los recursos públicos", señaló Jéssica Jaramillo, líder de la Fundación Contra la Violencia.  

Los gobiernos autónomos descentralizados, según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), han gastado más de 105 millones de dólares para atender la emergencia. En el monto se incluyen, además de los municipios, a las prefecturas y las juntas parroquiales.