"Las medidas cautelares dicen que el Estado está obligado a garantizar la integridad y la vida de estas personas. Así lo haremos", señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al referirse al otorgamiento de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la prefecta Paola Pabón.

Aclaró, sin embargo, que las medidas para Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, investigados por presunta rebelión en el contexto de la protesta indígena de octubre, no representan ni un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni una declaración de culpa ni de inocencia. 

Especificó que lo que trata la resolución es de cubrir los derechos de los que están siendo procesados. Indicó que tampoco se adelantan sobre el fondo del asunto, ni le piden al Gobierno liberar a nadie ni ordenan la libertad porque eso tampoco podrían hacerlo. Aclaró que el Gobierno no decide si se libera o no a una persona.

Anunció que a cargo del tema estará la Secretaría se Derechos Humanos, que hará una reunión con la Secretaría de Atención a Privados de la Libertad; con el Ministerio de Salud, que tiene una secretaría para esos temas; y con los representantes de los beneficiarios. Dijo que de esa manera se brindarán las mejores garantías para los peticionarios sin que esto represente interferencia en la Función Judicial.

Sobre la conformación de asociaciones y comités de supuestas víctimas de las actuaciones policiales en las protestas de octubre indicó que esa iniciativa está bien, pero que también quizá sea necesario crear una asociación de policías afectados, heridos, retenidos y secuestrados durante las violentas actuaciones de manifestantes en las jornadas de octubre. Para Romo es necesario hacer un análisis equilibrado y no olvidar que también hubo policías secuestrados, vejados y heridos.