El proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial avanza poco a poco. La Comisión Ocasional, presidida por el asambleísta Fafo Gavilánez (PAIS), está a cargo de la elaboración del informe para segundo debate, que se espera esté listo para finales de este mes.

Dentro del debate, los comisionados aprobaron que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) dispongan de sus propios sistemas de matriculación vehicular, que deberán estar interconectados a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Este organismo de control deberá dar la autorización previa para que los GADS tengan el sistema, previo el cumplimiento de los requisitos mínimos que expida la entidad.

Se aclara que los sistemas contarán con las seguridades informáticas que garanticen su correcto funcionamiento con la correspondiente auditoría.

Además, los legisladores resolvieron exceptuar del pago por concepto de matriculación a los vehículos de transporte público masivo, que serán administrados de forma directa por el Estado en todos sus niveles de gobierno.

Se precisa que estos vehículos deberán cumplir las condiciones técnicas de seguridad y mantenimiento que emita el ente competente dentro de su jurisdicción y ámbito de competencia que garantice la prestación del servicio de manera eficiente y segura, en sustitución de la revisión técnica vehicular.

Los comisionados aceptaron que el registro estadístico y control del cumplimiento de las sanciones por contravenciones de tránsito establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), será de competencia de los GAD regionales, metropolitanos y municipales de la circunscripción territorial donde haya sido cometida la contravención.

Entre las reformas tramitadas también se aprobó que el documento que acredite el contrato de seguro obligatorio para siniestros de tránsito (Sppat) sea el documento habilitante previo a la matriculación y circulación de vehículo.

Aprobaron que los vehículos de transporte internacional deberán contar con documentación habilitante, conforme los requisitos y procedimientos previstos en las normas de la Comunidad Andina de Naciones, convenios y acuerdos internacionales.