Frontera norte: Ecuador dejó pasar cuatro años

Un informe reservado de la Senain anticipaba lo que ahora está ocurriendo: la proliferación de actividades ilícitas, las bandas criminales, los enfrentamientos armados.

Quito /
21 mar 2018 / 00:00

Se veía venir desde hace cuatro años. Un informe reservado de la Senain de febrero de 2014 analizaba la situación de la frontera esmeraldeña y anticipaba lo que ahora está ocurriendo: la proliferación de actividades ilícitas, las bandas criminales, los enfrentamientos armados...

El Gobierno ecuatoriano estaba advertido. Ya en ese entonces se sabía que los frentes 30 y 48 de las FARC se habían aliado con mafias locales para proveer de drogas e insumos al cartel de Sinaloa; que los envíos salían desde los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño) y San Lorenzo (Esmeraldas); que dos mil efectivos de la guerrilla y 300 mercenarios de las bandas militares controlaban las rutas y operaban en la frontera con incidencia directa sobre la provincia de Esmeraldas; que había 43 pasos ilegales identificados entre los dos países... El ‘Informe sobre desmovilizados FARC hacia Ecuador”, al que este Diario tuvo acceso (un documento de cinco páginas con un anexo de 15 láminas de Power Point), demuestra que el país estaba al tanto de todos estos movimientos e hizo poco o nada para prevenir sus consecuencias.

En 2014, segundo año de los diálogos de paz en La Habana, el Gobierno colombiano y las FARC venían de alcanzar el más polémico de sus acuerdos: aquel que abrió a los alzados en armas las puertas de la participación política. El siguiente tema en la agenda era uno en el que a la guerrilla le tocaba ceder: el tráfico de drogas. Todos estaban de acuerdo en este punto. Y eso era un problema para el Ecuador. Porque, aun suponiendo que la participación de las FARC en el negocio se redujera, como ellos dicen, al cobro de un impuesto por gramaje, se trata aquí de un negocio que involucra cientos de millones de dólares. Entre 500 y mil millones, dice el informe.

Ya hace cuatro años era obvio (lo era para la Senain) que en torno a este punto se producirían la mayoría de disidencias con respecto al proceso de paz: gente de las FARC que no estaba dispuesta a someterse al proceso de reinserción, pues prefería mantener su participación en los negocios ilícitos “empleando al Ecuador (según el informe) en forma recurrente”.

¿Estaba preparado el país para afrontar este reto? No, dice el informe. Y habla de “personal policial y militar insuficiente para el control de la frontera”; descoordinación entre las distintas instituciones del Estado en cuanto al manejo de información, especialmente del sistema migratorio, y “falta de un plan de seguridad integral fronteriza”. Así las cosas, los escenarios que esperaban al Ecuador a la vuelta de la esquina eran desalentadores. El informe habla de un incremento inminente de índices delincuenciales y comercio ilícito; “mayor narcotráfico y violencia”; “atentados violentos”; “incremento de la población involucrada delictivamente”... Cuatro años después, todo aquello se está cumpliendo al pie de la letra.

¿Podía evitarse? Para revertir el proceso, el informe de 2014 propone al menos tres medidas cuya aplicación fue omitida por el Gobierno ecuatoriano hasta el día de hoy.

La primera es la más evidente: “incremento de la presencia policial y militar en los puntos más sensibles de la frontera”. Sobre esto hay información contradictoria. Entre 2010 y 2015, las autoridades ecuatorianas de seguridad y defensa proporcionaban la cifra oficial de 10 mil soldados destacados en la frontera. Esta semana, el ministro del Interior, César Navas, explicó que el reforzamiento de la frontera arrancó en octubre pasado y que, hasta la fecha, se cuenta ya con 12 mil efectivos en la zona.

Como segunda recomendación se pide establecer un convenio de intercambio de información con la Fiscalía y la Policía colombianas. Este convenio recién empezó a concretarse, otra vez con cuatro años de retraso, el pasado mes de febrero, a raíz del primer atentado en San Lorenzo.

La tercera recomendación es la más importante, pues marca, según el informe, la diferencia entre el éxito y el fracaso de los planes de seguridad para la zona. Se trata de promover y diseñar “programas de desarrollo para el incremento de actividades empresariales legales, con el apoyo de capital privado y la creatividad de la sociedad en general”. En una provincia que continúa careciendo de lo más elemental, como el agua potable, es obvio que esto tampoco se hizo.

¿Quién conoció este informe en su momento? ¿Por qué no se tomaron las medidas correctivas necesarias? Hoy, el ministro Navas asegura a quien quiera creerle que los recientes hechos de violencia son, precisamente, “producto de la presencia permanente del Estado ecuatoriano, con políticas claras de enfrentar directamente a la delincuencia organizada”. El informe de la Senain de febrero de 2014 parece sugerir todo lo contrario.

Reacciones

José Gallardo

Exministro de Defensa

“Las Fuerzas Armadas, me da la impresión, no han tenido la acción de inteligencia debida a causa de que el anterior Gobierno estaba preocupado de espiar a sus adversarios en lugar de detectar las amenazas”.

René Yandún

Asambleísta y general retirado del Ejército

“Lo que quieren (los grupos subversivos) es sembrar el terror en todas las poblaciones y están peleándose por un sistema territorial. Es lo peor que puede suceder si no usamos las armas a nuestro alcance”.

Alberto Molina

Coronel retirado del Ejército

“Como el Estado ha llegado tarde (a la zona de frontera), los narcotraficantes aúpan a los ciudadanos desempleados. Les dan trabajo y tienen el mejor aliado y el mejor servicio de inteligencia en la población”.

Fernando Donoso

Excomandante de la Marina

“Siento indignación por la falta de planificación, un desorden generalizado, creaciones absurdas de estado de sitio. ¿Dónde están los planes de defensa interna? Todo eso molesta”.

Oswaldo Jarrín

Exjefe del Comando Conjunto

“Es necesario acciones urgentes: Establecer una política de Defensa; nombrar a una autoridad representativa y una autoridad única que centralice la información y tome decisiones”.

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