CALAMAR
Referencia. El grupo de legisladores que conforman el Frente Anticorrupción atribuyen la escalada del narcotráfico en el país a la tabla de consumo de drogas..Christian Vásconez

Frente Parlamentario Anticorrupción solicitó a Guillermo Lasso eliminar la tabla de consumo de drogas

Recomendaron la creación e implementación de una política pública de salud, y la entrega de presupuesto necesario para su ejecución.

Buscan soluciones. El Frente Parlamentario Anticorrupción planteó el 2 de diciembre de 2022 al presidente Guillermo Lasso, a través de un oficio, crear e implementar una política pública de salud, “para prevenir, controlar y erradicar el consumo de drogas”. Como también solicitó la eliminación de la tabla de consumo de drogas vigente en el país.

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El frente anticorrupción justificó el planteamiento en la necesidad de combatir al narcotráfico y sus efectos colaterales en el país. En ese sentido, detalla el oficio, “dicha política pública deberá contemplar el análisis serio y responsable sobre la eliminación de las “tablas” de consumo de drogas; a la par de asignar los recursos económicos suficientes para que el Estado brinde una atención oportuna en este ámbito y, sobre todo, se termine la corrupción e inseguridad”. Tabla de consumo que está vigente desde 2013.

El asambleísta independiente y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, hizo eco de la solicitud planteada al Gobierno de Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter, donde señaló que la eliminación de la tabla de consumo de drogas en el país “está en manos” de la Presidencia. En el ámbito legal, el Frente Parlamentario Anticorrupción refirió en el oficio proponer “las reformas que viabilicen las políticas públicas” solicitadas.

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Los legisladores firmantes, miembros del Frente Anticorrupción, señalaron en el oficio que las tablas de consumo de drogas fueron emitidas por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), basadas en las disposiciones legales contenidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP); y que, en la actualidad, el ejercicio de esta facultad corresponde al Ministerio del Interior.