¿Es o no justo? Seguramente es la pregunta que muchos se plantearon cuando la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que la ley obliga al Estado ecuatoriano (entiéndase todos los contribuyentes) “a garantizar el pago de todo lo que se adeude” por jubilaciones al Instituto de la Seguridad Social de la Policía (Isspol), luego de develarse procesos irregulares en el mercado bursátil que le costaron a la entidad 532 millones de dólares.

La ministra se refiere al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional que establece que cuando en el seguro de retiro, invalidez y muerte, los ingresos totales presupuestados sean menores a los gastos operacionales prestacionales directos presupuestados, “el Isspol solicitará de forma sustentada (...) al Ministerio de Finanzas la solicitud de transferencia de recursos del Estado hasta en el valor que corresponda a la antedicha diferencia”.

Este reglamento fue redactado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y entró en vigencia a pocos días que Rafael Correa entregue el poder.

Más allá de lo legal, esto abre un debate sobre qué tan justo es que los ecuatorianos paguen con sus impuestos las consecuencias de maniobras irregulares y con escaso control de terceros. El precandidato a la Presidencia por el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, es de los que cree que esto no es justo. A criterio del también expresidente de la República, esto sucedió por la falta de experiencia y de perfiles idóneos en el manejo del mercado bursátil de quienes estaban al frente de esos fondos. “Como no conocen sobre inversiones y la bolsa de valores, se dejan engañar y cometen graves delitos en perjuicio de la institución”, dijo.

Su par en la carrera presidencial por el Partido Izquierda Democrática, Xavier Hervas, cree que lo justo ahora es que la ministra Romo, quienes integran el directorio del Isspol y la Fiscalía identifiquen a los responsables y revelen la ruta del dinero. Más que un cambio en la normativa que obliga al Estado a actuar como salvavidas en estos casos, para el candidato oficial lo importante es que este tipo de operaciones cuenten con un seguro de inversión. “Hay que aclarar la norma para que todas las inversiones sean a través de nuestro sistema financiero en proyectos de reactivación productiva. Así aseguramos que los dineros de los jubilados estén seguros y en el país”.

El precandidato presidencial por el movimiento Libertad es Pueblo, Juan Carlos Machuca, se enmarca en la ley. Reconoce la calidad de garante que tiene el Estado para esta institución, así como los procesos de repetición que deberá aplicar el mismo contra quienes con sus acciones y omisiones permitieron la fuga de esos fondos. 

¿Pero hasta qué punto un Estado que aún adeuda sueldos de sus servidores públicos y requiere ayuda de organismos multilaterales para asumir sus obligaciones debe asumir este peso? “Si llego al poder, lo que haría es ponerle un candado a los fondos del seguro social bajo el mismo principio que tienen los salarios. Nadie puede tocar eso. Y los entes de control pueden detectar esas irregularidades y meter preso a los responsables. Pero debe haber la decisión política para hacerlo”.

Las reaccióones de exministros de Gobierno