Un solo fotorradar ha multado más que otros ocho aparatos que funcionan desde 2015, en Ambato.

El equipo ubicado en la avenida Bolivariana, una vía periférica, la más rápida y en pendiente, genera cuestionamientos en tres ámbitos: legal, ante la Contraloría y en lo técnico.

En lo judicial, el Municipio de Ambato y la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A. mantienen un litigio desde junio pasado. Esta firma tiene la concesión hasta 2025 para ejercer el control de la velocidad vial de esta urbe a través de nueve equipos electrónicos.

Solo el noveno radar, el de la Bolivariana, ha sancionado a 362.000 conductores, lo que representa el 60 % del parque automotor del cantón. Por los ocho radares restantes, Safety ha recaudado $ 53,1 millones en los cinco años y medio de operación. Pero el noveno acumula fotomultas por $ 60 millones entre enero de 2020 y julio de 2021. Según la Alcaldía de Ambato, estas multas no deben ser cobradas porque la vía donde está el equipo no pertenece a la jurisdicción cantonal, sino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El 20 de febrero de 2020, un mes después de que se colocara el radar, el alcalde Javier Altamirano informó a Safety que no podía autorizar el funcionamiento porque la vía es estatal.

Ante esto, la firma presentó una acción de protección en Quevedo. Sostiene que el Gobierno cantonal ha vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Su argumento principal es que en septiembre de 2019, el mismo alcalde Altamirano autorizó el funcionamiento del radar mediante el oficio DTTM-19-2391. Aunque semanas después rectificó el error y suspendió la notificación de las multas.

El 17 de agosto, un juez de Quevedo aceptó la acción de protección y ordenó que la empresa cobre las multas acumuladas desde enero de 2020.

La Alcaldía apeló el fallo. Pero la semana pasada, largas filas se formaron fuera del Consejo de la Judicatura de Ambato para impugnar las sanciones, que van de $ 120 a $ 400.

En la Contraloría, el contrato con Safety ha sido cuestionado en la auditoría DA-17-005. El informe señala que la concesión se dio sin que esta compañía reúna los requisitos necesarios y en perjuicio de la ciudad. Porque la firma se quedaba con el 59 % de los ingresos por multas, mientras que la Municipalidad tenía el 41 %.

Además, los auditores indican que el anterior alcalde, Fernando Callejas, no justificó de forma técnica la necesidad de entregar el control vehicular a manos de terceros.