La Comisión de Fiscalización aprobó este 8 de septiembre de 2021 el informe con el que recomienda continuar con el juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en el pleno de la Asamblea Nacional.

Aunque con algunas observaciones, seis fueron los integrantes de esta mesa legislativa que consideran que demostró que el funcionario incumplió funciones al violar el toque de queda entre la noche del 15 de mayo y la madrugada del 16 de mayo, cuando protagonizó una gresca en el norte de Quito.

Esto se habría concretado usando recursos públicos como la seguridad, los vehículos y el conductor que le asigna la Defensoría del Pueblo para cumplir con su labor, mas no para atender temas personales como, aseguran los asambleístas, sucedió en aquella ocasión.

Entre los que votaron a favor del informe están el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio; la vicepresidenta Ana Belén Cordero (CREO); Soledad Diab (Partido Social Cristiano); y los independientes Marco Troya; Pedro Velasco y Bruno Segovia, quien mostró ciertos reparos en torno al proceso de fiscalización, pero prefirió que sea el pleno el que tenga la última palabra.

Se abstuvieron los asambleístas correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova porque consideran que ninguna de las causales pudo ser comprobada por los interpelantes Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Yeseña Guamaní, de la Izquierda Democrática (ID) durante las comparecencias a las que fueron citadas más de 40 personas.

Pero el informe no solo hace referencia a la situación del defensor Carrión, que permanece en la Cárcel 4, en el norte de Quito, desde el 17 de mayo pasado. Los seis legisladores también aprobaron una recomendación para que la Fiscalía inicie una investigación por posible peculado en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz por un posible faltante de vacunas que habría informado el exministro de Salud, Mauro Falconí a Carrión, antes del incidente que ambos protagonizaron.

Fiscalización también pide a la Fiscalía que acelere la investigación por los 46.570 dólares que habrían sido encontrados en el departamento de Falconí para determinar si existe una estructura criminal que se pudiera beneficiar de la compra de vacunas.