Los presuntos actos de corrupción registrados en las contrataciones por la emergencia por el coronavirus no solo han dejado allanamientos, detenidos y procesados. Algunos pedidos de la Fiscalía y decisiones judiciales han desembocado en denuncias y quejas. Este jueves hubo un cruce de cartas dirigidas al Consejo de la Judicatura.

¿Los protagonistas? El juez de Garantías Penales de Guayas, Ricardo Ramos, y la fiscal Diana Salazar. Todo por un acto urgente que buscaba avanzar en las investigaciones por los actos de corrupción. Ramos comunicó al director provincial que la fiscal en forma intimidatoria le dijo “que si acaso los jueces estamos recibiendo órdenes de gente superior y que no estamos acoplados a los actos de persecución a los hechos de corrupción”.

El juez relató que la fiscal llegó a su despacho de manera intempestiva diciendo que tenía una solicitud de acto urgente que, por la connotación que tenía el caso, ameritaba atención”. Relata que la fiscal quería informarle de todo el procedimiento y su respuesta fue que no debía darle información extraordinaria para no contaminar su criterio. Aseguró que la fiscal ingresó con “un piquete de uniformados fuertemente armados”. Del hecho habrían sido testigos una media docena de funcionarios. Dijo que teme por represalias o persecución.

La fiscal Salazar, en cambio, presentó en la Judicatura una queja en contra de Fernando Vergara, juez de la Unidad Judicial con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil. En ocho páginas relató las actuaciones del judicial ante un pedido del 17 de junio de la Fiscalía de Transparencia que pretendía ejecutar un operativo. Se buscaba hacer 46 allanamientos y 32 detenciones dentro de una estructura organizacional dedicada a actos de corrupción en los hospitales públicos y del IESS, señaló en el documento. Explicó que el 18 de junio de 2020, dentro de una investigación previa, se remitió el acto urgente en el que se solicitaba autorización para allanar 23 inmuebles en Guayaquil y la detención de 32 ciudadanos.

Hubo dilatorias del juez y su asistente para tres horas después notificar vía correo que se niega el pedido por no tener “suficientes indicios, y por cuanto no está debidamente motivada la solicitud fiscal”.

Ante un pedido de reconsiderar la respuesta del juez fue que para otorgar las detenciones y allanamientos “debería receptar la versión de los sospechosos”. La negativa influyó en las acciones coordinadas y ocasionó que queden hechos investigados inconclusos por la fuga de personas que presuntamente serían parte importante de la organización, dijo la fiscal.

No es la primera vez que la fiscal cuestiona la actuación de jueces. Ocurrió el 4 de junio con la decisión del presidente de la Corte de Guayas que sustituyó la prisión del prefecto Carlos Luis Morales acusado de peculado y asociación ilícita por supuestos contratos con sobreprecio. Cuestionó que casos de delitos menores sí reciben prisión. “Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de la libertad, sino para que respondan delante de la justicia”, expresó molesta.

EXPRESO consultó a Comunicación de la Fiscalía. Su director Luis Monteros respondió: “Estamos analizando las acciones correspondientes. Si hubiese un pronunciamiento, lo daremos a conocer enseguida a través de los canales de la FGE”.

Equipo. A inicios de junio la fiscal Diana Salazar formó la Fuerza de Tarea para investigar casos de corrupción registrados en la emergencia sanitaria. 208 auditorías en ejecución tiene la Contraloría por contrataciones durante la emergencia.

La fiscal presenta una queja

La fiscal Diana Salazar envió una queja a la Judicatura en contra del juez Fernando Vergara. Demoró en tramitar un acto urgente en el que la Fiscalía pedía allanamientos y detenciones por una red de corrupción en hospitales y luego lo negó. Pidió que sea sancionado disciplinariamente.