La Fiscalía necesita renovar su infraestructura tecnológica

La falta de ejecución presupuestaria en administraciones anteriores provocó su reducción. El 92 % de los recursos se utiliza para gastos en personal.

Quito /
11 may 2019 / 20:40

Una institución con menos presupuesto con relación al asignado en 2014 recibió la fiscal Diana Salazar el pasado 8 de abril, tras su posesión en la Asamblea.

Los $ 144,2 millones presupuestados para 2019 no le dan mayor margen de acción para cubrir los requerimientos de la institución. De hecho, únicamente el 8 % de ese monto puede ser invertido en bienes y servicios. En su mayor parte, los recursos se destinan a gastos en personal.

La Fiscalía cuenta al momento con 3.780 funcionarios. De ellos, solo 837 son fiscales. Hay 2.943 administrativos.

Uno de los mayores inconvenientes que afronta la entidad es la falta de infraestructura tecnológica. Los computadores y dispositivos, en su mayoría, datan de 2008 y 2009.

En esas condiciones, la Fiscalía atendió casi 350.000 noticias de delitos el año pasado. En lo que va de 2019 se han recibido más de 86.000 denuncias.

El robo es el problema que más se denuncia. Le siguen la violencia psicológica contra la mujer, el hurto, la intimidación, daños materiales, estafa, lesiones, tráfico ilícito de sustancias, violación, entre otros.

En su primer mensaje a los funcionarios, la fiscal Diana Salazar anunció que trabajaría en tres ejes: innovación, transparencia y efectividad. Por eso planteó la creación de grupos interinstitucionales. En lugar de utilizar la vía de la queja, la fiscal anunció la búsqueda de cooperación y reingeniería de procesos para buscar un mejor servicio.

Aunque la Constitución señala que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, el Código Orgánico de la Función Judicial limita sus posibilidades de contratar personal o imponer sanciones a los malos funcionarios.

Hasta fin de año estará listo un proyecto que permita recuperar sus capacidades de administrarse internamente y contar con recursos para brindar mejor servicio y respuestas oportunas a los ciudadanos.

Para la renovación tecnológica se necesitan 5,5 millones de dólares, que serán destinados a la compra de computadoras de escritorio, impresoras, un nuevo ‘data center’, equipo de conectividad, ‘data centers’ provinciales y cableado estructurado.

Una primera evaluación de los procesos revela que en la trama de corrupción de Odebrecht hay seis investigaciones previas para Jorge Glas y Carlos Pareja y otras por la Refinería del Pacífico, Manduriacu, represa La Esperanza y Daule Vinces.

Se obtuvo tres sentencias por asociación ilícita, concusión y lavado de activos. También hay un caso en apelación, otro en casación y un llamado a juicio por lavado de activos.

Por la corrupción en Petroecuador, al momento se mantienen abiertas nueve causas. Hay ocho investigaciones previas y una instrucción por Singue.

El expresidente Rafael Correa tiene ocho causas, siete en investigación previa y una pendiente de juzgamiento.

Otros casos en investigación

La deuda pública y el mal uso de los aviones presidenciales en el Gobierno del expresidente Rafael Correa son dos de las investigaciones que se impulsan en la Fiscalía. Ambas tienen informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

En el caso de la deuda pública, el expediente fue abierto el 10 de abril de 2018 e investiga un presunto peculado.

En el proceso por los aviones, la Presidencia registra 1.009 rutas internacionales, pero 579 no están en los registros de la Dirección General de Aviación Civil.

Muchos de esos vuelos tuvieron como destino países considerados por el SRI como ‘paraísos fiscales’, según el informe de Contraloría.

El caso Petrochina está en investigación previa desde el 2017. Ecuador se comprometió a vender a Petrochina 687 millones de barriles de crudo hasta el 2014. Se investiga peculado.

Por la Refinería del Pacífico, hay ocho casos por presuntos delitos de peculado, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y delincuencia organizada.

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