La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, pidió el sábado pasado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que “proporcione las pruebas y evidencias recabadas dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016 para aplicar las sanciones administrativas que ameriten”.

Este lunes 26 de agosto de 2019, la Fiscalía respondió que hace 20 días remitió lo solicitado por la Judicatura en el caso de los jueces Édgar Flores y Luis Enríquez, que en julio dispusieron la medida de arresto domiciliario para el exsecretario jurídico Alexis Mera. La queja en contra de los judiciales se presentó el pasado 4 de julio.

Pero no han sido las únicas quejas presentadas por la Fiscalía. El 23 de agosto hubo reparos para las juezas Tatiana Avellán, que dejó libres a ocho detenidos por el caso Monte Sinaí, y Andrea Moreno, por liberar a un acusado de extorsión a personas, incluida una periodista.

Avellán dispuso medidas cautelares para los sospechosos, que regresaron al sitio en el que fueron detenidos y amenazaron a quienes los habían delatado. En una casa amenazaron y tomaron como rehén a la madre de un joven, a quien no lograron encontrar. La semana pasada, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, firmó un convenio de seguridad con la fiscal Salazar y con Maldonado.

Adicionalmente, la Fiscalía informó en un comunicado que ha remitido quejas para jueces de Los Ríos, Santa Elena y Azuay. Entre abril y agosto de este año, la Fiscalía envió 38 solicitudes de control disciplinario por temas internos de la institución.

Los cuestionamientos a las actuaciones de los jueces no solo han llegado desde la Fiscalía. La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que ha presentado dos quejas en contra de jueces. Y la Policía ha presentado públicamente reparos al accionar de los judiciales por la liberación de presuntos delincuentes.

Hasta el momento, no se conocen los resultados de las quejas planteadas por la Fiscalía, Gobierno y Policía de las distintas zonas del país. Lo que sí informó Maldonado el sábado es que el pleno aprobó 328 resoluciones disciplinarias, que involucraron a 493 servidores judiciales.

Hubo la destitución de 47 judiciales, de los cuales 19 son jueces, cinco son fiscales, tres son defensores públicos y 20 que ocuparon otro tipo de cargos en la Función Judicial. Las causas de las separaciones son manifiesta negligencia y error inexcusable.