A revisión. La decisión que tomó la fiscal provincial del Guayas Yanina Villagómez, al dejar fuera a la alcaldesa Cynthia Viteri de la investigación que abrió por una presunta obstrucción de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo (JJO) de Guayaquil, en plena emergencia sanitaria decretada en 2020, será analizada por la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fiscal general Diana Salazar dispuso el inicio de un control jurídico de oficio a la investigación que efectuó Villagómez, “de manera que se verifiquen las actuaciones y procedimientos fiscales y, de ser el caso, se tomen los correctivos necesarios”, informó la entidad.

¿Por qué el control? Mediante impulso, la fiscal Villagómez concluyó que Viteri “no tiene participación alguna en el delito investigado”. Y de existir responsabilidad por tales hechos, recaería en quienes ejecutaron las acciones que impidieron el aterrizaje de un vuelo procedente de España el 18 de marzo de 2020.

Eso, a pesar de que la propia alcaldesa en su momento se responsabilizó del hecho. “Sí, asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del Municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid para que se queden en Guayaquil, foco de infección y en riesgo, más que cualquier otra ciudad, por el coronavirus que está ya cobrando vidas (...)”, declaró Viteri en una rueda de prensa virtual que ofreció en esa fecha.

La investigación se abrió por la presunta violación contra el Derecho Internacional Humanitario, por el impedimento de aterrizaje de aviones en Guayaquil para trasladar a extranjeros fuera del país, en medio de la emergencia sanitaria.

Las indagaciones, según dijo en ese entonces la Fiscalía, buscaban determinar responsabilidades por los hechos ocurridos en el JJO, “donde personal de la ATM (Agencia de Tránsito Municipal) interfirió, con vehículos institucionales, la pista de arribo e impidió el aterrizaje de un avión”.

En un escenario distinto, pero tras un tuit, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida y procesada por los actos de violencia que se generaron en octubre de 2019, bajo la acusación de un delito de rebelión en contra del Gobierno de Lenín Moreno. Tras las investigaciones fiscales, se determinó la participación de la funcionaria, al igual que la de otros allegados al expresidente Rafael Correa.

Si bien la investigación por la obstrucción al aeropuerto deja fuera a Viteri, se la desplaza a la Unidad de Garantías y Personas, para que determine responsabilidades en quienes bloquearon la pista.

Dentro de esa investigación se solicitó a las autoridades de la terminal aeroportuaria de Guayaquil que remita los videos de las cámaras de seguridad para verificar “el accionar de las personas e instituciones que habrían intervenido en el bloqueo intencional de la pista de aterrizaje”.

El peritaje realizado por el Departamento de Criminalística de la Policía, de la explotación de esas imágenes, estableció el ingreso de varios vehículos y personas de sexo masculino a las pistas del aeropuerto, que se mantuvieron en el sitio por un determinado tiempo, lo que sería la causa para que los aviones de la aerolínea KLM e Iberia no pudieran aterrizar en el JJO el 18 de marzo de 2020, para cumplir una situación de emergencia humanitaria de personas que no podían regresar a su país de origen, según la investigación.

La decisión fiscal se basó en las versiones que receptó de Andrés Roche, ex gerente general de la ATM, y de Luis Lalama, director de Tránsito. Ellos indicaron que estuvieron en el lugar y dispusieron que personal a su mando se traslade a las instalaciones del aeropuerto JJO, sin que de esos elementos se pueda establecer quién dio la orden directa para actuar de la manera que lo hicieron a las 15:00 de ese 18 de marzo. Tampoco se logra establecer quién realizó o dispuso el traslado de los vehículos.

En su versión, la alcaldesa señaló además que ese día se encontraba en su domicilio con aislamiento, por cuanto se había contagiado de COVID-19. Pero en la rueda de prensa virtual asumía la responsabilidad de haber enviado los vehículos al aeropuerto, tras una conversación que había mantenido con el entonces ministro de Transporte, a quien había advertido que “no iba a aterrizar ningún avión que venga de Europa y les dije: Si esto se da, yo me tomo las pistas del aeropuerto de Guayaquil con los vehículos que tenga, pero aquí a Guayaquil no traen a gente que venga de Europa y sobre todo de Madrid, y a pernoctar; y lo hice, asumo la responsabilidad de proteger a mi ciudad”.

Procedimiento

El detalle

Responsables. La investigación, que duró aproximadamente 16 meses, apunta a funcionarios que dispusieron el traslado de los vehículos de la ATM.

Investigación en Fiscalía

Tras la decisión de la fiscal provincial sobre el caso, la investigación fue enviada a la sala de sorteos de la entidad para que continúe su curso sin el fuero de Corte del que goza la alcaldesa. EXPRESO solicitó a personal de la Alcaldía un pronunciamiento sobre el tema, pero no se envió ninguna respuesta al respecto hasta el cierre de esta edición.