Por ahora, espíritu de cuerpo. Los cinco asambleístas de Pachakutik que fueron mencionados por el presidente Guillermo Lasso por supuestamente haber pedido beneficios económicos a cambio de apoyar la Ley de Inversiones, salieron ayer a defenderse.

Aunque anunciaron que presentarían pruebas de que el presidente miente y de que fue el Gobierno el que los buscó para ofrecerles contratos y otras prebendas, ayer llegaron con las manos vacías.

El legislador Edgar Quezada aseguró que, una vez que fueron notificados por la Fiscalía con el inicio de la investigación, la tarde del domingo, el proceso se volvió reservado y solo podrá presentar los audios y nombres, con los que dice contar, cuando se los pidan los investigadores.

Junto a Quezada estuvo Celestino Chumpi, Gisella Molina, Cristian Yucailla y Rosa Cerda que habló por primera vez desde sus polémicas expresiones de “si roben, roben bien, justifiquen bien”, por lo que fue suspendida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con ocho días, sin remuneración.

Esta vez dijo que ella no tiene nada en su provincia. Ni gobernador ni funcionarios ni cargos pero que sí estaba pidiendo explicaciones al Ejecutivo es por qué se quieren llevar la Coordinación de Educación Zonal 2, que tiene la sede en Napo, hacia Orellana.

Lo que sí quedó claro es que no fue una sino, al menos, cuatro las reuniones que mantuvieron legisladores y funcionarios del Gobierno en lo que va de marzo. Muchas de ellas, o todas, a espaldas de la coordinación de Pachakutik en la Asamblea.

“Reunirnos, cinco, siete o doce no está prohibido y más bien todo lo contrario, nosotros siempre hemos escuchado a diferentes ministros, subsecretarios pero con toda la honradez y transparencia”, dijo Quezada.

Rafael Lucero, coordinador de la bancada de Pachakutik, reconoció que no estaban al tanto de estos encuentros. Dijo que cuando se tratan de temas estrictamente legislativos el contacto es directamente con su par en CREO, Juan Fernando Flores.

“Cuando son temas de diálogos políticos por asuntos de territorio de las provincias lo hacen los asambleístas en función a su trabajo como legislador de determinada provincia. Si hubiese sabido (de las reuniones) lo hubiese anunciado, no lo supimos, es un tema que han hecho los compañeros y estamos conversando con ellos porque somos solidarios y un equipo de trabajo que damos la cara”, dijo Lucero que abandonó la rueda de prensa, junto a los mencionados, cuando las preguntas se iban poniendo más complicadas.

El proceso de investigación no pinta sencillo y rápido. Podría tomar hasta dos años, le dijo a EXPRESO el abogado litigante en materia penal, Roberto Calderón, que ha llevado algunos casos contra legisladores.

El jurista recuerda que en realidad Lasso no presentó una denuncia sino que hizo conocer de la noticia a la Fiscalía para que esta, de oficio, inicie una investigación. “La carta del presidente es bastante general. El siguiente paso es que la Fiscalía amplíe la versión para tener más detalles de lo que motivó la carta del mandatario. De ahí recién se llamaría a los asambleístas mencionados”, señaló Calderón.

La otra parte es más política y complicada. Para la formulación de cargos, la Fiscalía debe solicitar a la Asamblea que se levante la inmunidad parlamentaria para lo cual se necesitan, al menos 91 votos, algo que el Gobierno nunca tuvo y ahora, según Pachakutik, menos.