La Fiscalía busca información por un posible delito de peculado en el financiamiento de la campaña para la consulta popular de 2018. En un operativo, cumplido este lunes 13 de julio de 2020, se allanaron las instalaciones de dos entidades públicas: la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), en Quito, y del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), en Cuenca.

A las instituciones de las dos ciudades llegaron funcionarios de la Fiscalía que contaron con el apoyo de miembros de Criminalística de la Policía, de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), entre otros.

El pasado 15 de junio, el legislador Fabricio Villamar pidió a la Fiscalía que investigue un presunto mal uso de recursos de empresas públicas, que habrían sido empleados para la campaña de la Consulta Popular y Referendo del 4 de febrero del 2018, después de una publicación del medio digital La Posta.

El legislador envió una comunicación a la fiscal Diana Salazar en la que solicitaba que se realicen al menos 12 allanamientos a las empresas públicas señaladas por supuestamente aportar con alrededor de cinco millones de dólares para la campaña de la consulta. 

También pidió que se solicite la prohibición de salida del país de al menos 12 personas relacionadas con esas empresas. La Fiscalía dispuso la recepción de versiones y diligencias. Entre los convocados estuvo Jorge Wated, actual presidente del Consejo Directivo del IESS. 

El funcionario precisó, a través de su cuenta de Twitter, que él fue "el coordinador de campaña", pero que su "función no fue manejar recursos electorales", ya que eso correspondía "al tesorero, quien presentó toda la información al CNE".

Otra de las convocadas fue Mónica Castillo, quien fue gerente del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Cuenca. Su abogado, Jorge Luis Ortega, señaló que su cliente, el 18 de junio que fue convocada a la Fiscalía, entregó la información suficiente y le corresponderá a esa instancia determinar si es necesaria o válida para su investigación. 

Ortega dio a conocer que todos los gerentes de todas las empresas públicas están investigados en el caso. "En el caso de mi defendida el dinero que pidieron, le exigieron y le obligaron prácticamente a entregar, ella lo hizo de su propio bolsillo y de compañeros de su empresa, jamás sacó el dinero de la empresa pero porque era un monto muy pequeño", mencionó el abogado. 

A Castillo le habrían pedido 4.000 dólares. Pero ella terminó contratando una imprenta que se encargue "de entregarles publicidad a la casa de campaña de Lenín Moreno" en Quito, por 1.800 dólares por 100.000 afiches, indicó Ortega. 

Castillo habría presentado a la Fiscalía, el día, hora, lugar de la reunión, lo que le pidieron, el funcionario que se identificó como gerente de EMCO y que habría sido corroborado por funcionarios que acompañaron a la exgerente, aseguró el abogado.

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