Se complica la situación de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito Jorge Yunda. Este martes 30 de marzo de 2021, el fiscal de Pichincha Alberto Santillán dispuso el envío de copias de los informes de los chats intercambiados con varios funcionarios municipales, familiares y otros actores. 

Los documentos habían sido incorporados al expediente que por presunto peculado se investigó en contra del alcalde y de otras 13 personas sospechosas de posibles anomalías en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19, a cargo de la Secretaría de Salud municipal. El próximo 26 de abril se sabrá si Yunda y 13 sospechosos son o no llamados a juicio.

El fiscal señaló en su impulso fiscal que luego de la revisión del informe pericial del 18 de marzo del 2021, y de la ampliación del mismo el 19 de marzo que constan en el expediente se desprenden conversaciones por texto (chats) que contienen hechos que ameritan ser investigados, pues los mismos conllevarían conductas penalmente relevantes que pondrían en riesgo o lesionarían bienes jurídicos protegidos. Dice que, presumiendo que el dispositivo

móvil que contiene las conversaciones, pertenecería a Sebastián Yunda, dispone que se remita copias certificadas de dichos informes a la fiscal general para que determine la apertura de la investigación correspondiente. 

Lo mismo solicita sobre la base de la ampliación del informe pericial de audio, video y afines donde se tomó como criterio de búsqueda, la lista de nombres completos de los concejales, sus alternos, procuradores, síndicos, asesores y demás cargos y una ampliación del informe que contiene la extracción de conversaciones de texto (chats) que contendrían hechos que requieren ser sometidos a una investigación porque las conductas se subsumirían en un determinado tipo penal. 

Dispuso el envío de copias certificadas a la Fiscalía General para que disponga la apertura de la investigación correspondiente. Un tercer envío de copias certificadas de otro informe sospecha también del contenido de hechos y circunstancias que requieren ser sometidos a una investigación y remite a la Fiscalía para otra investigación.

El alcalde ha insistido este martes ante los medios que espera que se respete el principio de presunción de inocencia de su hijo. Por este caso la semana pasada dos asesores del burgomaestre fueron separados de sus cargos. Otro más fue separado de sus funciones y un cuarto renunció. Aunque a ellos no se atribuyó ningún ilícito el alcalde dijo que tomó decisiones firmes con funcionarios que no acataron la disposición de no responder llamadas ni mensajes de su hijo.