Varios nombres recurrentes. EXPRESO publicó ayer las cifras de más de una veintena de contratos que firmó la Embajada de Ecuador en España con cuatro empresas, para la prestación de asesoría jurídica a migrantes ecuatorianos en el país europeo afectados por los desahucios. La cifra global contratada, entre 2012 y 2021, asciende a un poco más de 6,9 millones de euros.

En una revisión a los contratos firmados en ese intervalo de tiempo aparecen los nombres de Aminta Buenaño, Miguel Calahorrano y Cristóbal Roldán. Los dos primeros fueron embajadores de Ecuador ante ese país designados por el entonces presidente Rafael Correa. La primera suscribió cuatro contratos (incluidas dos adendas) con Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, que ascendieron a un total de 169.813,82 euros. Mientras que el segundo firmó 14 contratos, incluidos contratos complementarios, por servicios profesionales, adendas y un acta de terminación, que alcanzaron un total de 2’100.386,28 euros. Una parte fue otorgada a Kinema y la otra a MI PAIS Consultores.

En el caso del exembajador Roldán, suscribió cinco contratos: uno con MI PAIS Consultores, uno con Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, y tres con Intecon Iberoamérica. En total ascendieron a 3’057.637,38 euros.

En este punto llama la atención un nombre recurrente: Walter Jaramillo Mena. Aparece como representante legal de tres de las cuatro empresas beneficiadas de los millonarios contratos: MI PAIS Consultores, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, e Intecon Iberoamérica. La Embajada, solo con las empresas relacionadas a Jaramillo, firmó contratos por 4’907.552,51 euros. De este ecuatoriano y su actividad en España se conoce poco. Solo que es un migrante que llegó al país europeo como muchos otros.

Según el registro del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, Jaramillo declaró en los años 2013, 2014 y 2017 un total de 1.461,3 dólares por impuesto a la renta. Y 4,16 dólares por impuesto a la salida de divisas ($ 2,56 pagados en 2010 y   $ 1,60 en 2015).

Además, cuenta también con un número de Registro Único de Contribuyente (RUC) activo como persona natural y que indica como actividad económica principal “el alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato (vivienda)”. Ese RUC cuenta con un establecimiento bajo el nombre comercial de Asesoría y Servicios MI PAIS, con dirección domiciliaria en la ciudad de Quito. Según la información del SRI, el registro inició su actividad económica el 12 de diciembre de 2000 y la reinició el 10 de octubre de 2017.

En la página web de la Secretaría de Educación Superior no cuenta con títulos de tercer o cuarto nivel registrados a su nombre, ni a su número de cédula.