En Ecuador existen 7,3 millones de mujeres, según el censo poblacional de 2010 del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). De ellas, 5 millones tienen 15 años o más y han vivido algún tipo de violencia, según la última encuesta nacional contra la violencia de género realizada en el país.

A Gloria Camacho, delegada de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará, le preocupa más que, según el mismo estudio, el 33,3% de la población femenina vive situaciones de violencia constante en los últimos 12 meses e insta a que el Estado vele por su seguridad y así evitar que aumenten las estadísticas de femicidios.

El crimen de María Belén Bernal, asesinada presuntamente por su esposo en el interior de la Escuela Superior de la Policía, sin recibir el auxilio de otros policías que oyeron sus gritos, ha puesto de relieve la falta de mecanismos de prevención eficaces para salvaguardar la integridad de las mujeres que viven relaciones abusivas.

“Ese 33,3 % que son cerca de 3 millones de mujeres, necesita atención, protección y reparación. Tenemos un presupuesto para las casas de acogidas y para los centros de ayuda que no llega ni a los $ 3 millones, es decir, que estamos hablando de $ 1 para atención a víctimas de violencia. Por día se da $ 1,70 de presupuesto para cinco comidas, eso es un serio déficit. La voluntad política no debe quedarse solo en los discursos, sino en las acciones como el presupuesto para cumplir lo que se promete”.

Desde la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) se denunció que las casas de acogida no pueden dar el acompañamiento correspondiente por el mismo hecho de que los pagos no se realizan a tiempo, y en otros ni siquiera los reciben.

Por ejemplo, las contrataciones de psicólogos son temporales por 1 o 2 meses, razón por la cual no se garantiza un tratamiento mental adecuado para alguien que viene de maltrato intrafamiliar prolongado.

Diario EXPRESO solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos, el detalle de los rubros que asigna a las casas de acogida para mujeres que buscan refugio o son rescatadas de alguna u otra forma, y también del pago que realiza a las fundaciones que prestan el mismo servicio bajo convenios y hasta el cierre de esta edición no dio respuesta. Tampoco atendió el pedido para una entrevista.

No obstante, la Secretaría de Derechos Humanos expone en sus redes sociales que cuenta con 40 Servicios de Protección Integral o casas de acogidas en diferentes provincias del país y que estas sirven de refugio como alojamientos temporales para darle un acompañamiento a la víctima de violencia machista y a sus hijos.

En junio, la misma titular de la Secretaría de DD. HH., Paola Flores, expuso a este periódico la realidad de estos lugares que también se los denomina Centros Violeta. Una de las principales falencias de su funcionamiento es que no existe una verdadera coordinación interinstitucional estatal.

“Pasadas las 20:00 de los fines de semana se disparan los picos de violencia y de femicidios, por eso tenemos el concepto de que funcionen las 24 horas del día. Lamentablemente, cuando esto sucede, Fiscalía no atiende, y si lo hace no tiene la celeridad, la Judicatura solo tiene horarios de oficina y por ahí tenemos falencias, el MIES tampoco está 24 horas”, dijo.

El 16 de septiembre, la fundación Aldea expuso que en lo que va del año, existen 63 mujeres que han sobrevivido de un intento de femicidio y que precisamente mientras se recuperan de haber sido acuchilladas, ahorcadas, pateadas, etc., sus vidas están en peligro de muerte. Necesitan ser protegidas de su entorno de violencia.

Camacho sostiene que el incumplimiento de la Ley de Prevención de Violencia de Género es porque no existe un sentido de urgencia para cambiar la realidad y desaparecer el peligro latente en el que viven las mujeres en el país.

Las primeras versiones sobre el crimen de Bernal indican que hubo testigos que la escucharon pedir ayuda. Uno de ellos “dio parte” a un oficial superior, pero este habría respondido que no se meta, “que son cosas de pareja”. El resultado fue que ella fue estrangulada en un recinto policial y su cuerpo fue abandonado en una zona agreste, cerca de allí.

“La Corte Constitucional dictó competencias para sancionar a los operadores de justicia que incumplen con la ley o con su labor. Entonces nos tienen atadas de manos, ni siquiera porque lo ordena dicho organismo, se cumple con la ley”, cuestionó Camacho.

De acuerdo con FemicidiosEc, una herramienta del Consejo de la Judicatura, desde agosto de 2014 hasta mediados de septiembre de 2022, hay un registro de 1.558 muertes violentas de mujeres, de estas, 557 son femicidios. Es decir, según la definición del Código Integral Penal, fueron el “resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”.

Solo en lo que va de este año se contabilizan 59 casos de femicidios. Aunque las organizaciones feministas dicen que son 206, pues incluyen en su estadística los casos de mujeres asesinadas en el contexto de la delincuencia organizada.

Un dato más revelador es que de todas las víctimas, 8 tenían boletas de auxilio.

El 12 de septiembre, un Tribunal sentenció a 32 años de cárcel al asesino de Jennifer Paisan, una joven indígena que trabajaba en una florícola en el cantón Pedro Moncayo.

En el juicio, el fiscal explicó que la joven de 20 años vivía un contexto de violencia. Su hermano, Freddy Tocagón, contó que unos días antes del crimen, el exconviviente ya intentó matar a la chica en su casa. “Él fue con una soga y la colgó (a la víctima) de una viga”. Dijo que la comunidad indígena de San Pablo supo de eso, pero que “perdonó” al agresor con la condición que no regrese. Días más tarde, en octubre de 2021, su exconviviente la apuñaló y asfixió. Jennifer dejó un niño que no ha recibido atención ni del Estado ni de la Junta Parroquial ni de la comunidad indígena.

De hecho, el bono por muertes violentas de mujeres, que el Ejecutivo lo celebra en convenciones de Naciones Unidas y en Ginebra, en 2020 llegó solo a 33 menores y en febrero de 2022 a 123, cuando el mismo presidente Guillermo Lasso dijo que había 536 beneficiados, “pero son más de 1.300 huérfanos desamparados que hay en Ecuador”, dice Walleska Pareja, de la Defensoría de la Coalición Nacional de Mujeres.

En la Ley Integral para Prevenir la Violencia de Género se indica que no solo el Gobierno central es el responsable de la política para impedir este tipo de casos. Los municipios, prefecturas, universidades y otros actores deben esforzarse en sus planes y programas para dar seguimiento a víctimas, asistirlas jurídica y psicológicamente.

Según esa ley, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en especial las Juntas de Protección de Derechos, deben implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de las víctimas de violencia machista. Pero las Juntas de Derechos no cuentan con recursos para contratar especialistas o para tener oficinas propias, sobre todo en los cantones más pobres.

En 2020, en Quito, Emily Juliana, de 19 años, fue asesinada por su pareja, quien intentó hacer pasar su caso como un suicidio. Sin embargo, la Fiscalía presentó como pruebas los testimonios de allegados que conocían sobre la violencia constante en la que vivía la pareja. La noche anterior al crimen, los vecinos oyeron una discusión y que la víctima era golpeada. Ninguno la ayudó.

• 577 Femicidios se han registrado desde agosto de 2014 hasta el 11 de septiembre de 2022 en todo el país.

8 mujeres asesinadas por sus parejas en este año tenían boletas de auxilio, que no sirvieron para protegerlas.