El no haber asegurado uno de los dos edificios quemados de la Contraloría motivará una nueva investigación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Así lo confirmó este jueves 24 de junio del 2021 el legislador Marco Troya. “La próxima semana pediré información, porque si hay un vacío legal que pone en riesgo los bienes públicos se debe corregir o sancionar a los responsables”, dijo.

Este Diario publicó este jueves que la reconstrucción de la Contraloría costará $ 19,3 millones y que de este monto el Estado deberá desembolsar $ 11,3 millones para rehabilitar uno de los dos edificios quemados en las protestas de octubre de 2019. Este bien no contaba con un seguro contra incendio.

El asambleísta Troya señala que, si bien la Contraloría se justifica, al decir que no podían asegurar el edificio porque aún no era suyo, ya que estaba en la fase final de una construcción, “alguien debe hacerse cargo de la falta de la póliza”.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, las autoridades deben investigar por qué desde el 2013, cuando comenzó la construcción del edificio, la Contraloría no buscó asegurar la propiedad ante riesgos como terremotos, incendios, erupciones, etc.

“Hay una responsabilidad del contralor del 2013, que era Carlos Pólit, pero también de quien le subrogó. Es verdad que el bien no era suyo, pero como el máximo organismo de control su deber era velar por los recursos públicos, porque al final somos todos los ciudadanos los que pagamos esto”.

En la Ley Orgánica de Contratación Pública, artículo 74, se establece que en los acuerdos para construcción de obra civil se debe aplicar una cláusula de garantía de fiel cumplimiento. Según la norma, se trata de una póliza que permite asegurar el cumplimiento del contrato y “la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor”.

La ley no detalla el procedimiento para asegurar ante “todo riesgo” los bienes que están en la fase de construcción.

Sin embargo, en términos generales, Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguro, explica que, en contratación pública, las empresas privadas están obligadas a contratar una póliza denominada todo riesgo para contratistas. “Esta cubre todo riesgo en la construcción, cubre los daños a los que sea expuesto el bien, terremotos, como erupciones volcánicas, actos vandálicos, colapso, mano de obra defectuosa, incendios. Cuando se termina de construir, en cambio, se debe contratar seguro de incendio y multirriesgo”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que estuvo a cargo de la construcción del edificio quemado de la Contraloría, es también el que hará la reconstrucción.

La cifra

11,3

Millones es el costo para reparar el edificio de la Contraloría que no estaba asegurado.