Externalizar la entrega de fármacos a los pacientes del Ministerio de Salud Pública (MSP) -aunque en un inicio el vicepresidente Alfredo Borrero señaló que también se incluiría a los hospitales del Seguro Social- parece una solución viable ante los constantes problemas de desabastecimiento de medicinas en las casas de salud.

Sin embargo, para los otros actores de este sistema, las farmacias, los laboratorios y las casas de salud, la iniciativa tiene interrogantes. En especial, en el modelo de pago que se efectuará, el control del proceso y la calidad de los medicamentos para los ciudadanos.

En ese sentido, aunque el sistema impulsado por el Gobierno busca mitigar un problema, el manejo del mismo puede abrir nuevos contratiempos en el sistema de salud.

Una de las partes invitadas al proceso de externalización es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe). Su director ejecutivo, Miguel Palacios, señala que el mecanismo de pago propuesto por el Gobierno Nacional es “sumamente engorroso”.

Esto, debido a que se requiere de una factura por cada transacción realizada y que el pago se podrá extender hasta seis meses después de la compra.

Asimismo, hace hincapié en que el plazo es “inaceptable” por el reducido margen que tiene la venta de fármacos y la limitada liquidez que tienen los fabricantes. Sin embargo, Alfe propone la creación de un fideicomiso con fondos del Ministerio de Salud Pública y recursos asignados por el Banco Central del Ecuador para asegurar la cancelación del servicio a las farmacias participantes.

Por su parte, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Alafar) resalta su preocupación por no estar invitados a la socialización del sistema de externalización. Según su director ejecutivo, Santiago Salguero, el MSP se ha reunido con las distribuidoras de fármacos, pero “no hay que olvidar que Alafar somos los proveedores de estos medicamentos”.

Además, recuerda que el sector farmacéutico tiene tres “eslabones”, los proveedores, las distribuidoras y las farmacias. En ese sentido, Salguero destaca que Alafar cubre más del 35 % de la provisión del mercado privado y que de la gran mayoría de medicamentos contemplados en el cuadro nacional de medicamentos básicos “nosotros somos los proveedores”.

Asimismo, señala que al no ser partícipes del sistema impulsado por el Gobierno “no tenemos contemplado” la demanda de fármacos que venga. También hace hincapié en que antes de empezar cualquier tipo de iniciativa como esta, es necesario que la red pública implemente un estricto control de inventario. De no ser así, el peor escenario es que el sistema fracase.

Las dudas van más allá para la exdirectora médica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Esthela Tinoco. Aunque las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no están contemplados para el plan piloto, Tinoco destaca que las autoridades deben informar sobre qué fármacos se van a externalizar.

“Los medicamentos oncológicos y de enfermedades catastróficas nos preocupa por el cuidado que deben tener”, resalta Tinoco y añade que se necesita de un gran equipo de auditoría para revisar la calidad de medicamentos que las farmacias entregan a los pacientes.

Por otro lado, Salguero señala que antes de ejecutar una iniciativa como la que plantea el Gobierno, “es necesario que en la red pública se implemente un estricto control de inventario” porque “no tienen idea de cuál es su demanda”.

Según informó el Ministerio de Salud Pública, 381 fármacos serán entregados por el sistema de externalización. Estos corresponden “a todos los medicamentos que se recetan en las consultas externas”. Asimismo, ratificó que el objetivo es “terminar con el desabastecimiento vivido en los últimos años”.

El piloto, según la Cartera de Salud, estaba previsto que inicie ayer, 14 de marzo. Sin embargo, la puesta en marcha del sistema fue postergada para finales de este mes. Además, en un principio será implementado en seis hospitales. En mayo se incluirá más casas de salud.