Entre $ 8.000 y $ 12.000, según su necesidad, se destinará a cada una de las 23 Unidades de Policías Comunitarias (UPC) que están en zonas conflictivas de las ciudades de Esmeraldas, Guayaquil y Santo Domingo, esto luego del anuncio dado este 28 de noviembre por parte del ministro del Interior, Juan Zapata, sobre un estado de emergencia en dichas infraestructuras y en el Ministerio del Interior.

El número puede crecer si se considera a inmuebles en las provincias de Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro. Territorios que están en análisis por parte de las autoridades.

En la edición de este último lunes, se publicó en Diario EXPRESO que la declaratoria se iba a dar durante el día. Y así fue, pero que antes de firmar el documento iba a mantener una reunión con el alto mando policial para identificar las UPC en situaciones precarias de seguridad frente a un ataque armado.

“Ya no tiene sentido el modelo que construyeron, las condiciones ahora son otras y no son sostenibles en zonas críticas, la emergencia va a servir para minimizar la vulnerabilidad de las UPC con la finalidad de cuidar la integridad de muchos policías”, alertó.

En cuanto a la declaratoria asignada al Ministerio del Interior busca la dotación de municiones, pero que dichas operaciones incluyen la capacitación permanente y continua de los uniformados. “El personal del eje preventivo que primero actúa debe estar preparado, por lo tanto, debe existir un entrenamiento continuo y permanente con munición de arma corta y larga”, agregó el funcionario.

Edmundo Moncayo, excomandante de la Policía Nacional en la zona 8, expuso la medida como una “buena noticia en medio de tantas cosas que desmoralizan no solo a los uniformados, sino a los ecuatorianos”. Pero recuerda además que hay otras necesidades tan prioritarias como el armamento y las municiones: se trata de la renovación del parque automotor porque existen 1.500 subcircuitos y que cada uno requiere al menos tres patrulleros y tres motos para la vigilancia del sector.

Zapata manifestó que la declaratoria no tiene vinculación con los acuerdos en seguridad firmados con Israel y Estados Unidos y ponderó que la hoja de ruta para adquirir el equipamiento de la Policía Nacional sigue en marcha; según declaraciones anteriores arranca en    enero de 2023.

Efrén Guerrero Salgado, analista en temas de seguridad, identifica que la declaratoria del estado de excepción sí era necesaria para la institución y las UPC, pero que también es primordial que junto a la medida haya un control permanente para que no se le dé la oportunidad a la corrupción en los procesos.

“La policía necesitaba la declaratoria para recuperar su labor con la ciudadanía, pero hay que evitar escenarios de corrupción, hay que ver el control presupuestario y la contratación pública programada en materia de la emergencia y así    sea dada con la mayor transparencia posible”.

Guerrero Salgado advierte también que el anuncio del Gobierno sobre las UPC son también un acto simbólico como cuando se declaró en emergencia el sector de la salud por la falta de medicinas en 2021. Espera que la decisión coseche excelentes resultados, pero resalta que al final eso será constatado con el tiempo y los hechos.