Juan Carlos Rueda es el director del Isspol. Nació en Quito en 1961. Estudió en la Academia Ciencias Policiales en Chile y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Es magíster en Seguridad y Desarrollo, máster en Criminología. Fue jefe de Operaciones del GIR, agregado en Perú, director de Planificación de la Policía, jefe de la ULCO, comandante de la Policía de Quito, director nacional de Educación de la institución.

El contexto

El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) espera recuperar las inversiones consideradas de riesgo, de las cuales las empresas de Jorge Chérrez manejan alrededor de 700 millones. El nuevo director Juan Carlos Rueda espera que Chérrez se presente en el organismo para ofrecer mecanismos de pago. Se apelará a la asistencia de abogados. El director de la entidad, Juan Carlos Rueda, explica.

¿Cuál es el diagnóstico de las inversiones del Isspol?

Lamentablemente no es nada positivo. Creo que hay muchas inversiones que están en riesgo.

¿Qué tipo de inversiones ha hecho el Instituto?

Se clasifican en privativas, que se traducen a través de préstamos a los afiliados: hipotecarios y quirografarios. Es alrededor de 550 millones, de los cuales tenemos un rendimiento que satisface al Instituto y tenemos la certeza y seguridad que nuestros afiliados son honrados y buenos pagadores, es el mejor tramo del portafolio.

¿Qué otras inversiones?

No privativas, que se deben hacer a través del Mercado de Valores, están determinadas por la ley y reguladas por principios de seguridad, liquidez, sostenibilidad, no concentración, que aseguran su solvencia, liquidez y sostenibilidad.

¿Esas las maneja Jorge Chérrez? ¿Qué pasa con ellas?

Las empresas del señor Chérrez manejan alrededor de 700 millones. Eso, a la hora de hablar de principios, rompe el de concentración, es la mitad del portafolio que tenía la institución a esa fecha. En esas operaciones se distinguen modalidades como swap o canje de flujos. El primero que disponía el Isspol provenía de bonos de deuda interna por 327 millones. En ese flujo que se negoció en 2015 que se cambió de 327 millones y que a la fecha de terminación en 2034 los rendimientos para la seguridad social alcanzaban a 673 millones de dólares. Sin embargo, se aceptó una negociación en la que se estructuraba un flujo con un rendimiento a 2034 que era de 612 millones. Ahí se advierte una diferencia de 61 millones. No sé cuál fue el criterio para instrumentalizar esa operación. Para el señor Chérrez esto es un negocio, para nosotros es una cuestión que determina nuestra calidad de vida, nuestra sobrevivencia en el futuro cuando somos más vulnerables.

Pero no ha de ser solo responsabilidad de Chérrez.

Todos estos procesos deben ser investigados. Hay acciones concretas, actos administrativos que se han señalado. Aquí hay responsabilidades de los ejecutivos, profesionales de la Comisión de Inversiones, la Dirección de Riesgos, Asesoría Jurídica, tenían que advertir el perjuicio.

¿Inversiones inconvenientes?

El problema radica no solo en la inconveniencia, quizá algunos ejecutivos de este instituto podrían haber sido parte del negocio. Cuando se articula la operación en 2015 ya se venía hablando del tema, funcionarios del Gobierno, de entidades de control ya hablaban con organismos internacionales para procesar este negocio.

¿Hay nombres?

Está en proceso de investigación. Pero claro que tenemos nombres. Ahí estuvieron empresas que fueron a hablar antes que se concrete la negociación del Isspol con las empresas del señor Chérrez y se tomaron arbitrariamente el nombre de una institución internacional. Pero esa es una parte de la historia que tendrá que investigarse.

¿Qué otros responsables?

Tendremos que establecer las responsabilidades de custodia de las entidades de depósitos de nuestro país, por qué no se compensó, porque cuando uno entrega algo tiene que recibir algo de igual valor. Qué pasó con la Superintendencia de Bancos durante 10 años que debió controlar a las instituciones de depósito, a las casas de valores que instrumentaron estas actividades, así como nos controla la Superintendencia, y dónde estuvieron en 2015.

¿Cuál es el monto real de las inversiones?

Tenemos inversiones no privativas por 700 millones. 327 con el swap, 216 millones por operaciones de reporto, de los cuales 205 millones le corresponden a las empresas del señor Chérrez, de ellos ya vamos casi 190 millones de vencimientos en redención de capital e intereses. Ya no son inversiones sino cuentas por cobrar. Hay alrededor de 160 millones en bonos puros. Tenemos 68 millones en cesión de derechos fiduciarios, 45 millones en compras de papeles comerciales, una cantidad similar en otras obligaciones y otra importante en certificados del tesoro y para nosotros esos son los más seguros, las inversiones más saludables.

Con el señor Chérrez hay 700 millones, 550 en inversiones privativas. ¿Y el resto?

Están en estas operaciones de cesión de derechos fiduciarios que estamos observando y llamamos y les decimos a todos los que tienen vencidas las obligaciones que necesitamos que vengan. Ya han venido algunos, entendemos que hay una buena actitud.

¿Cómo están las investigaciones, se están moviendo?

Nos hemos reunido, tenemos equipos de investigación, nuestros mejores hombres están apoyando las investigaciones de la Fiscalía, el Gobierno sabe de esta preocupación y nos apoya totalmente, recuerde que el ministro también es uno de los perjudicados.

Chérrez debió tener facilidades. Han determinado si hubo sobornos a ministros, directores...

Como policías sabemos muchas cosas. Le aseguro que los policías lo intuyen, saben que atrás de esto hay otros poderes: económicos, políticos, hay gente que está interesada en que nosotros negociemos muy rápidamente, están políticos que presionan, que le hacen el coro al señor Chérrez, no nos hacen el coro a nosotros, le dan espacios y está bien. Lo que yo digo es lo que reclamamos, nuestro interés.