La Asamblea Nacional cumplió. Por una vez, se mantuvo a la altura de las expectativas. Tras casi dos años de demora, durante los cuales el Pleno dio muestras de carecer de la voluntad política necesaria para cambiar las reglas de las elecciones (cuestionadas, parcializadas y plagadas de vacíos), un acuerdo político entre los bloques logró dar la vuelta a la tortilla. Las reformas al Código de la Democracia, aprobadas ayer en cuatro votaciones sucesivas, equilibran la cancha del juego electoral, consagran la paridad de género, instituyen un sistema de justicia electoral más efectivo, depuran los procedimientos para el escrutinio y, finalmente, prescriben un método de asignación de escaños (el de Webster) que garantiza una representación más justa de las minorías. La oficialista Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y asambleísta ponente del proyecto de reformas, estaba exultante.

No todos los temas de la reforma contaban con el consenso necesario. El método de asignación de escaños tuvo que votarse aparte. Correístas y socialcristianos, nuevamente juntos, para variar, se opusieron a descartar el método D’Hondt, que tantos beneficios les ha reportado en las circunscripciones donde son mayoría. Fue el tema más peleado. Al final, el método de Webster se impuso con 76 votos contra 42. Otro cambio importante en el sistema electoral tiene que ver con la votación por listas abiertas: desde 2021 se suprimirá la posibilidad de votar por candidatos entre listas y se impondrá el voto en plancha, o por listas cerradas.

También el tema de la paridad de género se votó por cuerda separada, aunque por distintas razones: simbólicas, básicamente. “Mujeres al poder, mujeres al poder” coreaban las legisladoras de todas las fuerzas políticas (salvo las correístas) antes, durante y después de la votación respectiva, que se selló con 113 votos a favor, dos en contra (el oficialista Fausto Terán y el correísta Ángel Sinmaleza) y cinco abstenciones. Luego, con espíritu festivo, las asambleístas posaron para la foto de la familia femenina y continuaron con sus celebraciones hasta después de terminada la sesión (otra vez: salvo las correístas). “Hemos hecho historia en la región”, declaró Ximena Peña a la salida del salón plenario. Y tenía razón.

Paridad de género: la reforma establece que será progresiva hasta conseguir la representación igualitaria. El objetivo es que el 50 por ciento de las listas de cada organización política esté encabezado por una candidata mujer. En las últimas elecciones, según informó Peña, el partido que más mujeres tuvo a la cabeza de sus listas llegó apenas al diez por ciento. Por ello, para 2021 se impondrá un porcentaje obligatorio del 15 por ciento; en 2023 la proporción será del 30 por ciento; finalmente, en 2025, la mitad. Ese mismo año entrará en vigencia la obligación del binomio presidencial mixto. Además, desde 2021, el 20 por ciento de los integrantes de las listas deberán ser jóvenes de hasta 29 años.

El control de gasto y financiamiento de campaña, que Ximena Peña calificó “como el eje medular de la reforma” y que el correísmo trató de evitar por obvias razones (léase “arroz verde”), quedó como sigue: el sistema contable de las organizaciones políticas será público para evitar dobles contabilidades; la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) tendrá acceso directo a las cuentas y se instituirá un sistema de interconexión de datos entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría, la Fiscalía y demás organismos de control. Todo aporte a una organización política deberá hacerse a través del sistema financiero (una reforma tan elemental que resulta demasiado sospechoso que no se le hubiera ocurrido a nadie antes). Quedan prohibidos los aportes de personas jurídicas. Una persona natural no podrá aportar más del 5 por ciento del gasto total de la campaña ni más del 30 por ciento de su última declaración de impuestos. Además, se establecerá la responsabilidad solidaria de las organizaciones políticas y los candidatos que incurran en irregularidades para que no sean únicamente los tesoreros de campaña (como hasta ahora) quienes tengan que responder ante los jueces.

Con las reformas aprobadas ayer, el panorama para las próximas elecciones cambia radicalmente. Al presidente César Litardo y a la oficialista Ximena Peña les corresponde el mérito de haber impedido que el nuevo Código de la Democracia fuera aprobado apenas con los cambios cosméticos que introdujo, durante la legislatura anterior, la Comisión de Justicia que presidía la correísta Marcela Aguiñaga. El informe para primer debate que ella presentó ante el Pleno dos años atrás dejaba intactos todos los temas polémicos de la ley que rigió durante el correísmo. Los cambios sustanciales son el resultado de los últimos tres meses de debates. Ayer, el Pleno cumplió con su deber y salvó los muebles.

• El debate será obligatorio

Nunca más un candidato podrá precautelar su ventaja en las encuestas mediante el procedimiento de no debatir. Desde 2021, todos los candidatos a la presidencia, a las prefecturas y a las alcaldías de municipios con más de cien mil habitantes tendrán que debatir obligatoriamente. Esto ocurrirá tres semanas antes del día fijado para la elección.

• La justicia electoral será más ágil

El capítulo de la ley en el que más reformas se introdujo es el de justicia electoral: 59 nuevos artículos fueron aprobados. Se fortalecen las competencias del Tribunal de lo Contencioso Electoral, se reestructura el régimen de sanciones (que con la ley anterior era demasiado permisivo) y se reforman los procedimientos con el fin de combatir la acumulación de causas. Este era un problema serio, pues la estrechez del calendario electoral no se compadecía con la cantidad de procesos.