Ordenar que el Estado gaste menos no fue suficiente. La emisión del Decreto Ejecutivo 135, de septiembre de 2017, se cumple a medias y hay artículos específicos que incomodan o se consideran irrealizables. La entrega de vehículos al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) para su redistribución o subasta molesta a seis entidades que ponen reparos a la disposición. La pugna entre instituciones públicas no tiene un punto de solución.

Según el último reporte de cumplimiento del Decreto 135, que mensualmente emite Inmobiliar, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Petroecuador, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional no han respondido a las cartas de insistencia para la entrega de los vehículos. A las seis, luego de un análisis técnico, les fueron solicitadas unas 254 unidades para su venta o redistribución.

En total, 51 entidades deben transferir 1.642 automotores a Inmobiliar. De esas, 45 los han entregado o están en vías de entrega. Todas ellas, al menos, han respondido al llamado del servicio de gestión.

Las otras seis, en cambio, no emitieron respuesta alguna hasta enero. Una postura que preocupa a Inmobiliar y que motivó la publicación del dato en el último informe.

Según representantes del Servicio de Gestión Inmobiliaria, será necesario que la Presidencia de la República emita una nueva disposición para que se cumpla lo dispuesto en el decreto de austeridad que ordenó el presidente Lenín Moreno. Es decir, que los autos que no se usan pasen a manos de la administradora estatal.

¿Por qué no responden? EXPRESO consultó a las entidades acusadas de incumplimiento y, en la mayoría de casos, se aseguró que ya hubo una respuesta en las últimas semanas.

También explicaron que el pedido de Inmobiliar carece de sustento técnico en la práctica. CNT, por ejemplo, asegura que necesita las 23 unidades requeridas para cumplir sus actividades. Para la empresa pública, que no recibe recursos del Gobierno pero que se acogió al decreto de austeridad, “no es procedente la entrega definitiva de los vehículos requeridos, ya que esto implicaría que la empresa incurriera en gastos para el arrendamiento de vehículos”. Por cada auto se necesitarían unos 1.600 dólares mensuales.

Según los cálculos de la telefónica, se requerirían 441.600 dólares anuales si se entregan los 23 automotores y se alquilan otros en su lugar.

El Secob tiene una respuesta similar. Para ellos no es procedente la disposición de Inmobiliar porque “los vehículos se encuentran prestando servicio para garantizar el buen desenvolvimiento de la gestión institucional, en los procesos precontractuales, contractuales, de seguimiento y fiscalización de obras”. A Secob le pidieron 20 de los 88 vehículos que tiene a su nombre (ver cuadro).

El Ministerio de Energía, que lidera José Agusto Briones, tuvo una respuesta más técnica. La entidad no se niega a la entrega de unidades, siempre que se realice una evaluación mecánica. Ese proceso, dijeron, está en marcha.

Para llegar a un acuerdo, el jueves 27 de febrero de 2020, personal de Inmobiliar y del Ministerio de Finanzas se reunirán en Quito.