Todos anuncian que se están investigando los casos, pero nadie dice los nombres de los responsables en la emisión fraudulenta de los carnés de discapacidad que se han detectado en los últimos días.

El pasado 1 de julio, el presidente Lenín Moreno aseguró que el gobierno anterior había “desmantelado la misión Manuela Espejo” y que había trasladado sus competencias al Ministerio de Salud, donde “las mafias encontraron otro nido para sus fechorías”, pero no señaló directamente a nadie.

Al día siguiente, pidió al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que se destituya y denuncie al personal involucrado en la emisión de estos documentos, pero tampoco dijo ningún nombre, pese a que la mayoría de las importaciones con el uso de estos carnés se realizaron entre 2018 y 2020, durante las gestiones de las ministras Verónica Espinosa y Catalina Andramuño.

Desde esta cartera de Estado también se han anunciado investigaciones. De hecho, en un comunicado se señala que ya saben qué funcionarios y exfuncionarios que no estaban acreditados ni tenían la competencia para este procedimiento emitieron estos documentos, pero el nombre de ningún responsable sale a la luz.

En la Asamblea, donde varios de sus miembros han salido salpicados por este escándalo, tampoco hay voces que piden cuentas a nadie ni que cuestionen las gestiones de funcionarios específicos del Servicio Nacional de Aduanas, o del Ministerio de Salud, en períodos concretos, peor aún las cabezas que han manejado estas instituciones. Simplemente piden investigar.

Hasta el momento, solo desde la Comisión Nacional Anticorrupción se ha pedido “no olvidar” la responsabilidad política de las ministras Espinosa y Andramuño.

La Fiscalía y la Contraloría también han anunciado investigaciones generalizadas a las instituciones involucradas.

Unas investigaciones que, hasta el momento, dejan debiendo mucho a las organizaciones que luchan para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, a decir de Paola Zambrano, directora de Autismo Ecuador, quien asegura que este caso es manejado por una red “que va mucho más allá del funcionario que firmó”.

“Conozco la manipulación que se da desde los altos mandos. Esta investigación está a medias, porque están buscando a los responsables que están a la mano y no se está indagando de fondo”, menciona.

Zambrano dice que el Ministerio de Salud es juez y parte en esta indagación y que deberían incluir a las fundaciones para que hagan una veeduría.

“Aquí nos están engañando, creo yo que lo que están haciendo es querer tapar esta situación para que no se haga más grande”, asegura la directora.

Con ella coincide Betsabe Pilaloa, representante de Asopléjica. “Tienen que empezar a dar los nombres de los responsables, ellos ya saben quiénes son. Son personas que están dentro del mismo Gobierno. Nosotros no queremos que suceda lo mismo que ha sucedido con los casos de corrupción. El mismo presidente dijo ‘caiga quien caiga’, ¿pero usted ha visto que alguien ha caído? Yo no veo clara esa situación”, afirma.

Pilaloa indica que no entiende por qué desde los entes de control o desde el Gobierno se demoran tanto en dar nombres o sacar a la luz a las cabezas cuando ellos saben quiénes son. “Tanto tiempo para más de decir que están en investigación y hasta la fecha no tenemos los nombres reales. Lamentablemente solo van a caer los de abajo, no los de arriba. Siempre es así”.

Las organizaciones piden que no se suspendan los beneficios, pues, aseguran, se están vulnerando los derechos de las personas que verdaderamente tienen una discapacidad.