Cabezas pide oxígeno y le dan calabazas

Los esfuerzos de la presidenta por reconstruir su maltrecho liderazgo fueron inútiles. Las bancadas le retiran su apoyo.

Quito /
16 mar 2019 / 09:48

Fue un buen intento. En medio del escándalo suscitado por el audio difundido en redes sociales y un día después de que los correístas exigieran su renuncia a la presidencia de la Asamblea, Elizabeth Cabezas trató de recomponer su maltrecha imagen presentando una propuesta de aparente consenso: enmendar la Constitución para privar al Consejo de Participación Ciudadana de su facultad nominadora de las autoridades de control y devolvérsela a la Asamblea. Pero los legisladores no nacieron ayer. Aunque por lo general coinciden, salvo los correístas, en la necesidad de una reforma, no parecen estar dispuestos a ceder a Cabezas el liderazgo en ese proceso.

“La presidenta necesita conversarlo”, reaccionó Fabricio Villamar (CREO), sorprendido por lo que calificó como “una propuesta que aparece de la noche a la mañana”. “Ni siquiera la he leído, yo no he hablado con ella sobre este tema”, dijo el coordinador del bloque socialcristiano, Henry Cucalón, desmintiendo la información oficial según la cual Cabezas “socializó con los jefes de bancada” su propuesta. “Conozco que presentó algo -añadió-, por ahí llegan papeles”. Pero ni ha habido conversaciones ni hay consensos.

En general, la reacción de los bloques (sea porque tienen sus propias propuestas de enmienda, como el BIN; sea porque manejan su propia agenda con respecto a la presidencia, como los correístas; sea porque difieren en temas de procedimiento, como CREO y el PSC) ha fluctuado entre la extrañeza y la indiferencia.

Intento fallido el de Cabezas: quiso patear el tablero y el tablero no se dio por enterado. Propuso una enmienda constitucional y las bancadas se decantan por una reforma parcial de la Constitución. En el primer caso, se necesita el apoyo de las dos terceras partes del Pleno (una meta difícil de alcanzar para una presidenta venida a menos) y dos debates, entre los cuales debe mediar un año. En el segundo caso, basta la mayoría absoluta y dos debates (con noventa días de distancia entre uno y otro); eso sí: el resultado tiene que ser refrendado en consulta popular.

Nada de esto cambia la situación de Cabezas. Hasta ayer, los correístas buscaban el apoyo de otras bancadas para destituirla. No es seguro que lo consigan, pero una cosa es clara: las posibilidades de reelección se desvanecen. En mayo, cuando la Asamblea renueve autoridades, las bancadas de CREO, SUMA y el PSC votarán en contra de Cabezas. Lo confirmaron a este Diario Roberto Gómez, Héctor Muñoz y Henry Cucalón, respectivamente. Muñoz espera que el nuevo presidente salga de la oposición no correísta. Y Gómez llega aun más lejos: cree que si la presidenta ya perdió el apoyo del Pleno con miras a la reelección, tampoco hay muchas razones para mantenerla en su cargo.

Así las cosas, la suerte de Cabezas parece echada, al extremo de que en el propio oficialismo ya suenan nombres para sustituirla: Daniel Mendoza y César Litardo encabezan la lista.

Un trago amargo espera a Cabezas la próxima semana. Hasta el momento, ella ha logrado mantener su caso por fuera del debate. Como solo ha convocado al Pleno para la continuación de dos sesiones inconclusas, se ha mantenido a salvo de eventuales solicitudes de cambio del orden del día que pudieran ponerla en aprietos. Pero ahora, si quiere tratar su propuesta de enmienda constitucional, no tiene más remedio que convocar a una nueva sesión. Es predecible que los correístas aprovechen la oportunidad para lapidarla.

EL DATO:

Enmienda o reforma. La propuesta de la presidenta para reformar el CPCCS requiere dos tercios de los votos. La de la oposición, consulta popular.

Constitución: llegó la hora:

Si se trata de hacer una reforma parcial a la Constitución para quitarle atribuciones al CPCCS, los asambleístas de CREO quieren ir más lejos. Fabricio Villamar cree que es necesario aprovechar la oportunidad para atacar el hiperpresidencialismo y, por ejemplo, establecer la independencia del sector financiero público con respecto al Ejecutivo.

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