El asambleísta del Bloque de Acción Nacional Independiente (BADI), Eliseo Azuero se defiende. En carta dirigida a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), rechaza la pretensión de destituir, al tiempo de sostener que es una persecución política en su contra, debido al trabajo de fiscalización que ha desempeñado como legislador. Hoy en la tarde el CAL deberá resolver sobre si da paso al pedido de la legisladora Amapola Naranjo (RC) que plantea la destitución.

“Actualmente soy perseguido por mi actividad fiscalizadora, fue el juez de la Corte Nacional Marco Rodríguez quien el 17 de los corrientes dictó orden de prisión preventiva en mi contra, este juez forma parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuya designación irregular denuncié ante el Consejo de la Judicatura el 13 de noviembre de 2018, mediante oficio No. 329-AN-PIND-EAR y posteriormente el 25 de noviembre de 2019, mediante oficio No. 352-AN-PIND-EAR del cual adjunto copia; razón por la cual debió excusarse y lejos de hacerlo ejecutó su revancha sirviéndose para ello de una grabación adulterada que contiene un diálogo forjada que nunca existió”, señala en el documento.

Además, hace conocer que “no estoy evitando la cárcel, estoy evitando la muerte” tomando en consideración las enfermedades preexistentes que sufre, arritmia cardiaca por más de diez años, con una saturación del 60% en la actualidad, lo que le hace vulnerable frente al contagio de COVID-19, debido al alto contagio en los centros de privación de la libertad. “Por todo esto mis médicos me han advertido del riesgo para mi vida que conlleva la privación de la libertad”.

Insiste en que “no he tenido participación alguna en los hechos que se me imputan, ningún asambleísta ha mencionado mi nombre como tampoco lo han hecho quienes se han vinculado al proceso de una u otra forma; lo único que existe es una grabación manipulada puesto que el diálogo que contiene es forjado e inclusive en el supuesto no consentido de que sea verdadero, fue obtenido de manera ilegal, sin orden judicial, tal como con seguridad muchos de ustedes están siendo perseguidos e intervenidos en sus comunicaciones, ese es el nivel al que ha descendido el cargo de Asambleísta de Ecuador”.

También asegura que existen 26 asambleístas investigados en el Ecuador y resulta que a él precisamente, quien ha denunciado la ilegal designación de los jueces, uno de ellos dicta prisión en su contra.

“No puede intentarse en mi contra un proceso de destitución porque estoy impedido por las circunstancias de ejercer mi derecho a la defensa y al debido proceso. Me hallo en estado de indefensión y todos estos elementos harían que un proceso como el planteado en mi contra carezca de validez, dándome la posibilidad de acogerme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si fuere el caso”, argumenta.

“El principal elemento en mi contra no es una grabación adulterada, el principal elemento en mi contra es el canibalismo político propio de nuestro país que busca insaciable el escarnio de cuanto adversario vislumbra, esta persecución política judicializada es el precio que he debido pagar por luchar por mi provincia y mis representados cuya lealtad se mantiene inalterable; he sido un emprendedor por más de diez años, mi actividad empresarial la he ejercido mucho antes de ser asambleísta, basta con mirar mis aportes al SRI antes de mi actual cargo y se podrá constatar cómo mis ingresos han disminuido desde que volví a la política por pedido de mis seguidores”, continua.

“En atención a lo expresado y en defensa del Parlamento y sus instituciones, rechazo el intento burdo de destituirme, por carecer de elementos jurídicos y fácticos”, concluye la misiva.

El proceso de investigación y destitución en contra del asambleísta Eliseo Azuero, fue presentado por la legisladora Amapola Naranjo (RC), acusándole de incurrir en la infracción establecida en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), “Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta”, lo cual es causal de destitución.

La acusación se sustenta en que la Fiscalía investiga al asambleísta Eliseo Azuero por un presunto vínculo con el exparlamentario Daniel Mendoza, acusado de delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital de Pedernales.