Desde los cuarteles se vendían armas y municiones

Se presume que el destino eran los grupos irregulares de Colombia. Hay 14 detenidos entre militares y un civil. El caso se investigará en Esmeraldas.

Quito /
18 oct 2018 / 00:00

Catorce personas, militares activos y pasivos así como un funcionario público, fueron detenidos en un megaoperativo policial bajo una seria acusación: se presume que ellos vendían armas y municiones, posiblemente, a grupos irregulares de Colombia. Su caso será juzgado en Esmeraldas.

Los indicios se conocen desde hace meses. La Fiscalía contaba con, al menos, dos declaraciones de exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, que vinculaban a un sargento del Ejército en el tráfico de armas o que aseguraban que “las armas se compran a la Policía del Ecuador”, como contó EXPRESO, en julio.

El mismo Ejército reconoció ayer que “proporcionó información a las instituciones competentes sobre indicios de posible involucramiento de miembros de la institución” en el delito de tráfico de armas y municiones. Horas antes, la ministra de Justicia, María Paula Romo, había mencionado también otro posible delito que investigará la Fiscalía: delincuencia organizada.

Esas sospechas existentes terminaron en horas de la madrugada, con la ejecución de la operación ‘Camaleón’ en Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Loja y Pichincha.

La Fiscalía, con la asistencia de las unidades élite de la Policía, visitó al menos siete repartos militares. En Guayaquil hubo un allanamiento en el Fuerte Militar Huancavilca. Allí fueron detenidos cuatro militares entre cabos y sargentos, con una coincidencia: ninguno de ellos registra procesos judiciales previos, según información a la que accedió este Diario.

La fiscal María Coloma lideró el operativo en el Fuerte. Incluso allanaron el cancel de un sargento, encargado del material bélico. Ellos fueron llevados hacia Esmeraldas para la audiencia de formulación de cargos. Otro uniformado fue aprehendido en Loja, en el Fuerte Militar General Miguel Iturralde. Los demás arrestos se ejecutaron en las poblaciones de Borbón, San Lorenzo, Esmeraldas y Santo Domingo.

En Quito, los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía estuvieron casi seis horas en la Comandancia General del Ejército -localizada en el Complejo del ministerio de Defensa, en La Recoleta- recopilando información relacionada con la supuesta provisión de armas a grupos irregulares de Colombia, incluyendo, supuestamente, al frente narcoterrorista Óliver Sinisterra liderado por Walther Arízala, alias Guacho.

En el sitio se habrían encontrado documentos que dirigen las sospechas del ilícito hacia militares activos. Se conoció también que las unidades de la policía hicieron un barrido y respaldos magnéticos del sistema informático de las computadoras del área de logística.

¿El motivo? La hipótesis de las autoridades es que los implicados en la supuesta venta de armas manipulaban el sistema de inventarios para ‘borrar el rastro’ de las armas.

Como suele suceder en estos casos, la información oficial es escueta. Ayer, ni la ministra del Interior ni el comandante del Ejército, Roque Moreira, aceptaron responder preguntas de los periodistas.

El caso, mientras tanto, seguirá en Esmeraldas. Al menos, dos de los detenidos fueron trasladados a Esmeraldas en helicópteros. Hasta el cierre de esta edición, estaba previsto que la audiencia de formulación de cargos se realice en la Unidad de Vigilancia Policial de esa ciudad.

Al frente Óliver Sinisterra se le atribuyen 10 atentados ejecutados en la frontera norte. Entre ellos la destrucción del comando de Policía de San Lorenzo, que provocó heridos y destrozos a viviendas, el asesinato de cuatro marinos, el secuestro y asesinato del equipo de El Comercio y de la pareja formada por Óscar Villacís y Katty Velasco.

Fue en el marco de esas investigaciones que la Fiscalía recibió información proporcionada por Colombia relacionada con la venta de armas.

Prisión preventiva

La orden de prisión preventiva, sugerida por la Fiscalía, se acogió para trece personas: 7 militares en servicio activo y 6 civiles. También se comunicó que la instrucción fiscal durará 90 días en este proceso.

Las pistas

Ejército

Un desmovilizado, excolaborador de alias Guacho en el Frente Óliver Sinisterra, que se entregó en Colombia y pidió protección, declaró que había un sargento del Ejército ecuatoriano involucrado en el tráfico de armas para el grupo narcodelictivo.

Policía

Otro exaliado de Guacho dijo a un agente del Gaula de Colombia: “en cuanto a la logística, las armas se compran a la Policía del Ecuador, quienes son los intermediarios de comprar el armamento en el paso del Perú y se las entregan en la vereda de Puerto Rico y El Pan”.

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