Procedimiento abreviado para nueve sospechosos de tráfico de municiones

La diligencia, que fue convocada por el juez Óscar Cuenca, se desarrollará el próximo 10 de junio en San Lorenzo.

26 may 2019 / 12:02

Nueve de 17 procesados por presunto tráfico de municiones a grupos irregulares de Colombia serán juzgados mediante procedimiento abreviado, el próximo 10 de junio. La diligencia, que fue convocada por el juez de San Lorenzo (Esmeraldas), Óscar Cuenca, se desarrollará a las 09:00 en la Unidad Judicial Multicompetente de ese cantón.

El caso se inició el 17 de octubre de 2018 con la formulación de cargos para 13 personas, entre ellas siete militares en servicio activo. Antes de que concluya la instrucción fiscal fueron vinculados cuatro sospechosos más. De ellos, tres están detenidos y uno se encuentra prófugo.

Tareas de inteligencia permitieron determinar que miembros de Fuerzas Armadas eran parte de una organización delincuencial dedicada al tráfico de armas de fuego destinadas al grupo narcodelictivo liderado por Wálther Arízala, alias Guacho.

Oriundo de Limones, Guacho estuvo al frente del grupo narcoterrorista Óliver Sinisterra. Como cabecilla de la organización se ubicó a alias Sobeida, una mujer de San Lorenzo, a quien se atribuyó los contactos con militares, el pago por las municiones y la programación de la entrega del material.

Según las investigaciones preliminares el material era sacado de las bodegas militares en distintos puntos del país, entre ellos Loja. Luego, se transportaban en vehículos de servicio público y se llevaban hasta la zona de frontera.

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía en la audiencia de Flagrancia, cumplida en Esmeraldas la noche del 17 de octubre, se detallan llamadas telefónicas entre los investigados en las que se da cuenta de las negociaciones, los costos por unidad de munición, las claves que utilizaban para referirse a los pertrechos, partes policiales y más evidencias.

Uno de los aprehendidos ya registra una detención anterior en Cuenca por transportar municiones que salieron del reparto militar de Loja. En la audiencia, algunos sospechosos dijeron que desconocían de las acusaciones de la Fiscalía, otros aceptaron el delito y un último grupo se acogió al derecho del silencio.

Uno de los detenidos trabajaba en la Comandancia del Ejército, uno de los lugares en los que se cumplieron los allanamientos. A él se atribuye la alteración de registros del material bélico.

Atentados atribuidos a Guacho

A esa agrupación se atribuyó, en 2018, la autoría de al menos 10 atentados con explosivos en distintas zonas de Esmeraldas, como los cantones San Lorenzo y Quinindé. También el atentado en Mataje, que provocó la muerte de cuatro marinos el 21 de marzo.

Cinco días después se produjo en la misma parroquia el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. Ellos fueron asesinados menos de 15 días después en el sector de la Vereda Los Cocos, en Colombia.

La pareja conformada por Óscar Villacís y Katty Velasco se sumó a la lista de víctimas en abril. En mayo se produjo el secuestro y asesinato del soldado Wilson Ilaquiche en Tobar Donoso. La recuperación de su cuerpo solo fue posible por gestiones de sus familiares.

¿Qué es el procedimiento abreviado?

El procedimiento abreviado es uno de los mecanismos especiales de juzgamiento y de concluir el proceso penal de forma rápida. Está contemplado en el artículo 634 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Se aplica en las infracciones sancionadas con pena de hasta 10 años de cárcel. Uno de los requisitos es que el procesado consienta su aplicación y la admisión del hecho que se le atribuye. Según el COIP, en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el fiscal.

En este caso, los sospechosos fueron investigados por el inciso primero del mencionado artículo que sanciona con entre cinco y siete años de cárcel. La pena que deben recibir los procesados debe ser propuesta por el fiscal y acordada con quien acepta el procedimiento. La rebaja de la pena no debe ser menor al tercio de la condena mínima prevista.

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