Juez dicta medidas cauterales para Norma Vallejo

La tarde de este martes inició la audiencia de formulación de cargos contra la exasambleísta por el presunto delito de concusión.

12 feb 2019 / 16:00

La audiencia de formulación de cargos contra Norma Vallejo, por supuesto delito de concusión, se desarrolla la tarde de este martes 19 de febrero de 2019. La fiscal Ruth Palacios solicitó en primera instancia prisión preventiva para la exasambleísta, sin embargo su pedido cambió conforme avanzó la audiencia.

La exlegisladora, destituida del cargo en noviembre pasado, acudió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) junto a su abogado Ramiro Aguilar.

A las 16:00, Iván Saquicela, juez que preside el caso, instaló la diligencia, a la que también asistió la fiscal general encargada Ruth Palacios.

La Fiscalía presentó 30 elementos en contra de Vallejo, al igual que versiones de los cuatro denunciantes en donde dicen que les obligó a entregar entre 150 y 1.000 dólares a cambio de mantener su puesto. Además, se incluyó información sobre movimientos bancarios.

Oficios de coordinadores de PAIS muestran que depositó 7.000 dólares para el movimiento y según la Fiscalía recibió cerca de 13.800 dólares en aportes.

El pedido de prisión preventiva fue sustituido por medidas cautelares como: prohibición de salida del país, presentación periódica, prohibición de enajenar bienes por 13.800 dólares y retención de fondos en cuentas. Estos debido a temas de salud de la exasambleísta.

Finalmente, la decisión de Saquicela fue compartida en la cuenta de Twitter de la Corte Nacional, misma que concedió el pedido de la Fiscalía y dictó medidas cautelares a Vallejo.

Entre noviembre pasado y febrero de este año, tres funcionarias han sido removidas de sus cargos en la Asamblea Nacional: Vallejo, Sofía Espín y, recientemente, Ana Galarza.

El 13 de noviembre de 2018, con 89 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones, la asambleísta de Alianza País fue cesada tras conocerse en el Legislativo el informe de la comisión investigadora que recomendaba su destitución.

Esto luego de que en octubre de ese año, el asambleísta Fabricio Villamar presentara la denuncia, en la que además la acusó de haber gestionado cargos públicos.

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