Los despidos fortuitos o por fuerza mayor se encuentran en una nueva encrucijada, por la falta de acuerdos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Mientras los legisladores restringen su uso al “cese total de la empresa” en tiempos de pandemia, el Gobierno lo flexibiliza, sugiriendo que la terminación de un contrato será aplicable cuando este se “torne inejecutable”, abriendo así varias posibilidades de empleo.

El cambio es planteado por el presidente Lenín Moreno en la objeción a la Disposición Interpretativa que aplica al proyecto de Ley Humanitaria, que previamente había aprobado la Asamblea, respecto a que este tipo de despidos, contemplados en el artículo 169 del Código de Trabajo, deben realizarse únicamente cuando una empresa cierra. En su aclaración, el mandatario insiste en que esta modalidad pueda aplicarse cuando el evento fortuito afecte la ejecución no solo de la actividad o servicio, sino a una línea o unidad de negocio específico, una condición que los legisladores ya habían rechazado. A esto se le agrega que la “imposibilidad” del trabajo será también interpretada “cuando exista prohibición expresa de la autoridad competente de ejecutar la actividad”.

Este cambio, dice el Ejecutivo, sería un aliciente que evitaría que algunos empresarios cierren sus negocios definitivamente, deteniendo así la pérdida encadenada de más plazas de empleo. Según el Ministerio de Trabajo, hasta este 10 de junio, 16.032 trabajadores fueron separados, bajo esta causal.

No obstante, este justificativo no convence a juristas. Para Lenín Duque, abogado que ha asumido la defensa de más de 300 despedidos, el efecto sería el contrario: las empresas se animarían a prescindir de mano de obra cuando cierren cualquier línea de negocio. “Un cierre que no tiene un tiempo específico. ¿Qué pasa si la vuelven a abrir en 3 meses? ¿Quién garantiza eso? Claro, con esto puedo cerrar y aprovechar para sacar al personal antiguo”, dice Duque, quien advierte que por causa de despido fortuito, ya hay personas, que sumando 39 años de trabajo, se las está liquidando con apenas $ 270. Esto porque con la causal de fuerza mayor, no se paga indemnización.

Para los empresarios, en cambio, este veto presidencial mejora la interpretación de una causal que, aclaran, no debe ser vista como una forma de abuso laboral, sino “como una medida legítima” que ya se aplica en otros países y que puede tomar el empleador acá ante un hecho “ajeno e imprevisto”, como los efectos de una pandemia. Así lo cree Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), quien, sin embargo, cuestiona la sanción que el Ejecutivo ha incluido si un juez determina que dicha causal fue utilizada de forma equivocada. Eso genera una inseguridad jurídica y limita en la práctica el ámbito de aplicación. “La penalidad de un mal uso es per se la obligación de pagar indemnización de despido intempestivo, incrementarla es desproporcionado”, sostiene.

Para Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, lo recomendable era reformar el Código de Trabajo con un procedimiento para introducir los cambios que plantea la Ley Humanitaria. “Tal como está redactado por el presidente yo le veo bien complejo para los trabajadores”, añadió Recalde.

• LA SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL

DESPIDOS POR CAUSALES. Hasta el pasado 7 de mayo, el Ministerio de Trabajo registró 79.977 actas de finiquito entre varias causales. Se destacan 45.667 actas por mutuo acuerdo, 1.183 por desahucio, 5.218 por las causas legalmente previstas en el contrato, 4.226 por despido intempestivo, 6.609 alegando fuerza mayor o caso fortuito.

DESAFIALIZACIÓN. La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) presentó un reporte sobre la situación de las empresas y los trabajadores tras la crisis del coronavirus. Según el Instituto de Seguridad Social (IESS), entre marzo y mayo de este año, disminuyeron 200.000 afiliaciones de empleados en relación de dependencia.

VACACIONES. Lo que el primer mandatario no cambió o realizó alguna observación fue el artículo 21 de la Ley Humanitaria, que dice que el empleador podrá notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o considerará a los días de inasistencia como vacaciones devengadas.