En cuestión tributaria, tampoco queda la mesa servida para el nuevo Gobierno, pero sí una iniciativa que apoyará a su cometido de contraatacar la evasión fiscal como estrategia para asegurarse nuevos ingresos. El SRI acaba de crear una dirección especial que apunta a fortalecer la fiscalización de los grandes contribuyentes, el segmento de donde sale el 50 % de la recaudación de impuestos.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), esta unidad tendrá como fin  adoptar las mejores prácticas internacionales en materia tributaria y acompañar a este grupo, constituido por 710 empresas, “hacia los más altos estándares de conducta fiscal”. Esta unidad, según ha explicado el ente recaudador, se encargará “de tareas relacionadas al cobro de tributos y fiscalización. De acuerdo con el organismo, a abril de este año, en este segmento de contribuyentes se registraba una deuda por cartera firme y suspendida de aproximadamente $ 960 millones.

Entre otras tareas, “está la asistencia a este grupo de contribuyentes, dar atención de devoluciones y reclamos, así como la gestión jurídica en procesos contenciosos administrativos tributarios, en relación a las obligaciones a cargo de tales contribuyentes”.

La herramienta ha sido calificada como oportuna por parte de especialistas tributarios que, tras las recientes protestas en Colombia en rechazo de una reforma tributaria, visualizan lo difícil que será para Ecuador aplicar una medida similar, aun cuando le urge hallar mayores ingresos para paliar el alto déficit fiscal.

Pablo Guevara, socio de la firma americana Amderssen, explica que este cambio no significa un incremento de aportes, sino hacer énfasis en los mecanismos de control sobre un nicho clave. “Imagínese que un pequeño contribuyente está registrando un gasto de $ 10.000 como no deducible en base a un criterio equivocado. Si ese mismo criterio equivocado lo tiene una empresa grande, seguramente no está registrando $ 10.000 sino $ 1 millón. Entonces aplicar el mismo control a un gran contribuyente significa aumentar potencialmente la recaudación”, explica.

No obstante, en materia de lucha contra la evasión tributaria, como mecanismo de reemplazo a la subida o creación de nuevos impuestos, a la nueva administración aún le hace falta mucho por hacer, sobre todo con aquellos contribuyentes que están por debajo del radar. La evasión no necesariamente está entre las empresas más grandes, sino en contribuyentes medianos que están en el sector comercial o que operan como profesionales que teniendo altas rentas no aportan con el Estado.

Aún en el país existe una mina de recaudación poco explotada, dicen los expertos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha calculado que al año en el país se llega a evadir el pago de impuestos hasta en un 7 % del PIB, esto es $ 7.000 millones. El experto en tributación, Napoleón Santamaría, señala que además de la inspección, se debería trabajar más en un intercambio eficiente de información. Un paso clave se dará en septiembre de este año cuando el país, como parte del Foro Global de Transparencia, empiece a cruzar información con 156 países del mundo. “Desde ahí se podrá obtener mucha información sobre la operación de exportación e importación, pagos al exterior que podrían ser objeto de revisión de auditoría para determinar una posible evasión”. Otro reto, dice, es la formalización de pequeños emprendedores que aún no aportan al régimen fiscal.

No obstante, para lograr esto último, añade, el país debe mejorar en temas de adquisición de tecnologías, así como contar con el suficiente personal para inspeccionar. “La administración saliente ha dicho que se requieren hasta 800 nuevos funcionarios en el SRI para lograr hacer un trabajo eficiente”.

El año pasado, el SRI logró recaudar $ 12.300 millones en tributos, para este año, de intento de recuperación económica, se estima alcanzar los $ 13.000 millones.