La reforma laboral se ha convertido en la parte más sensible del proyecto de Ley para la Creación de Oportunidades, que está en la Asamblea a la espera de la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), cuya reunión está prevista para hoy.

La propuesta de un nuevo Código de Trabajo más flexible, que rija para las nuevas contrataciones desde su vigencia, ha generado reacciones de diversos partidos políticos, gremios, empresarios y expertos en materia laboral.

¿Precarización laboral o la ruta para generar plazas de trabajo tras la crisis más aguda desde que hay registros? Los diferentes sectores ya comienzan a ubicarse en esas dos posiciones, mientras el Gobierno busca dialogar en diferentes frentes con el comodín de una consulta popular, en caso de que su propuesta no sea viable en el Legislativo.

Al desmenuzar la propuesta de Lasso, hay artículos que han sido considerados polémicos. Por ejemplo, la posibilidad de que la jornada laboral dure hasta 12 horas al día, que una empresa pueda pagar excepcionalmente la remuneración a sus trabajadores con activos o el pago por parte del trabajador al empleador de una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración completa, en caso de despido por causa justa.

Para el abogado laboral Tito Palma, la propuesta es regresiva, pues a los nuevos trabajadores (la ley regirá solo para los futuros empleos) les están negando importantes conquistas históricas, sin decirlo. “La conquista laboral de las 8 horas diarias de trabajo está reflejada en el convenio de la OIT (Organización Internacional de Trabajo). Llevarla a las 12 horas, como se propone, es totalmente regresivo”. Más, añade, si esas horas, tienen la opción de repartirse en dos jornadas. “Si un trabajador entra a las ocho de la mañana y sale a las dos de la tarde, la propuesta dice que luego de un receso de 6 horas puede volver a trabajar. Eso significa que podría volver a las ocho de la noche, lo que implica que, con esta ley, un trabajador bien podría estar todo el día a disposición de una empresa; es decir, cumplir la labor que hoy pueden hacer dos personas”. Tener una reforma como esta, dicen los expertos laborales, es dejar abierta una puerta al abuso que pueda cometer la clase empresarial.

El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, no lo ve así. Ayer negó que esta propuesta precarice el empleo, pues “todos los derechos laborales siguen estando en la nueva ley y los que están bajo la normativa del Código de Trabajo se mantienen intactos; esto es décimos, vacaciones, fondos de reserva y sobre todo afiliación social. No hay regresividad, todo lo contrario, estamos fomentando uno de los derechos fundamentales del ser humano: el de conseguir un trabajo digno y estable”, sostuvo.

No obstante, Walter Haro, especialista en derecho laboral, rechaza que se lo quiera hacer con dos normas que legislan de forma diferente a un mismo mercado laboral. Y advierte que, de aprobarse, podría derivar en una violación a la Constitución. “Según la Constitución, en el punto 3 del artículo 326, en caso de dudas sobre el alcance de normas en materia laboral, se debe aplicar la que sea la más favorable al trabajador. Por ende, si tenemos dos leyes, se debe aplicar la más favorable. No podemos tener dos que se contradigan”.

La diversidad de la legislación es un tema que preocupa al Centro de Estudios de la Política Laboral. Gabriel Recalde, su director, dice que eso puede generar un problemas de interpretación y aplicación. El mercado laboral, aclara, actualmente ya está regido por seis normas: el Código del Trabajo, la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir el Acoso Laboral, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley de Apoyo Humanitario. Y, si se aprueba, la Ley para la Creación de Oportunidades.

“Ese sí puede ser un tema constitucional (...) Ese es un elemento jurídico que debe analizar bien la Asamblea”, opina Recalde. Para el experto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, debió presentar una propuesta que unifique todas las normas en materia de trabajo.

Para Palma y Haro, el mercado está más que regulado, sobre todo con los recientes decretos emitidos a raíz de la pandemia. “Desde el Gobierno de Lenín Moreno se vienen dictando herramientas. En ese tiempo se pudo reducir la jornada laboral, se crearon formas de pago, la forma en que se usan las vacaciones, nuevos contratos. No se puede decir que no ha habido flexibilidad laboral para contratar. Lo que quieren es desembarazarse de la carga laboral, atacar esto de la forma más fácil: por el lado del trabajador. Como muestra está el despido justificativo. Ahora con esto el patrono ya no necesita visto bueno para botar a un trabajador, que a su criterio haya tenido diferentes causales. Se abre la puerta a los despidos”, sostiene Haro.

Dos vías para obtener más ingresos tributarios

Una propuesta tributaria progresiva. Así ha sido calificada por empresarios y algunos tributaristas la parte correspondiente a impuestos de la Ley para la Creación de Oportunidades.

En términos generales, el proyecto de Ley busca más ingresos por dos vías:el ajuste de deducciones al Impuesto a la Renta a los que ganan sobre los $ 24.000 al año y la contribución única a patrimonios sobre los $ 500.000, en el caso de las personas, y $ 1 millón en el de las empresas.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha mencionado que se apunta a recaudar $ 700 millones en cada caso, es decir, unos $1.400 millones en total.

“Es una reforma tributaria modesta, que va hacia la parte más alta de la pirámide, tomando en cuenta que es un país muy desigual (...) La reforma es casi que neutral porque estamos topando pocos y tiene y un gran porcentaje transitorio: el aporte patrimonial de empresas y e aporte patrimonial de personas”, aseguró a EXPRESO el viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, no es buen momento para una reforma tributaria. Los cambios    propuestos en la reforma legal pueden afectar al consumo de la ciudadanía, desincentivar la inversión y, por ende, la reactivación económica.

También hay otros cambios que buscan estimular el consumo: reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a los planes de telefonía móvil,  vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga.

En el caso de las medidas que buscan impulsar a los emprendimientos está la eliminación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y el tributo del 2 %, o establecer un contrato de trabajo a plazo fijo por cuatro años.

La propuesta legal da pasó al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe), con mecanismos de pago del impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas. Esta estaría vigente durante tres años a partir de la primera declaración del impuesto del emprendimiento.

Según el proyecto de Ley para la Creación de Oportunidades, el Rimpe abarcaría a las personas naturales y jurídicas que se califiquen como emprendimientos y negocios populares, cuyos ingresos brutos no superen los $ 300.000 al año. Dentro de este rango se considerará como negocios populares a aquellos que tengan ganancias de hasta $ 20.000.