Las recientes medidas económicas, anunciadas por el Gobierno para enfrentar una crisis de ingresos fiscales, se observan con cautela desde el sector productivo. Si bien estas no tienen un efecto de peso y directo sobre las empresas, se teme que su aplicación les genere una merma de liquidez.

La expectativa está en aquellas decisiones que sí podrían afectar parcialmente la liquidez de las empresas, como el incremento del 0,75 % de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta (IR). Si bien estos valores sirven de crédito tributario, un aumento podría mermar la caja chica de cualquier negocio, ya afectado por la situación económica actual.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), está a la espera de ver cómo estas medidas se aplicarán. “Se hablaba de dejar por fuera al sector exportador, pero sucede que la cadena exportadora está conformada por un número importante de productores. En la medida en que se afecta la liquidez del productor, el exportador no tiene cómo recuperar esa liquidez que hoy ya está bastante afectada por los problemas derivados del coronavirus”, argumentó Camposano, quien habló de los problemas de rentabilidad que enfrenta su sector, debido a un menor pago ($ 1 menos por kilo de producto) y los mayores costos logísticos.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una reunión de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei), celebrada este 11 de marzo de 2020 en Guayaquil, para abordar los pendientes que el país tiene en materia de competitividad. 

Eduardo Egas, director de Corpei, también se refirió a las medidas que se adoptarán. No obstante, enfatizó en la necesidad de que en el país exista mayor voluntad política para impulsar cambios estructurales. “En medidas que nos den una mayor solución. Tenemos tanta riqueza, por ejemplo la riqueza que subyace en la minería y que quizás explotándola bien podamos pagar toda la deuda externa. Tenemos para cubrir los ingresos que generaba el petróleo, pero para ello hay que tomar una decisión”, dijo. 

La misma voluntad, manifestó Egas, se requiere en la política fiscal. “Por muchos años venimos pagando 3.000 o 4.000 millones de dólares en subsidios y no los hemos resuelto. Tenemos también reglamentos que en la actualidad hacen casi imposible una menor disminución del gasto público”.